La lucha contra la trata de personas en El Salvador mostró avances significativos en la detección de víctimas e investigaciones, aunque persistieron serios desafíos judiciales según el último reporte oficial del Departamento de Estado estadounidense. El informe correspondiente al año 2026 mantuvo al país centroamericano dentro del Nivel 2 de supervisión internacional.
Esta categoría clasifica a los gobiernos que no alcanzan de manera íntegra las exigencias mínimas establecidas por la legislación norteamericana de protección a víctimas, pero que impulsan acciones notorias para adecuarse a esos estándares. Las autoridades de Washington valoraron la voluntad política de San Salvador, remarcando al mismo tiempo la necesidad de fortalecer la asistencia estatal directa para quienes sufrieron estos crímenes.
Avances en la detección y asistencia a víctimas
Durante el período evaluado, los organismos estatales salvadoreños lograron individualizar a 152 personas sometidas a diferentes modalidades de explotación, lo que representó un incremento frente a las 27 identificadas el año previo. Entre los casos registrados figuraron 86 afectados por trabajo forzoso, 53 por sometimiento sexual y 13 situaciones vinculadas a tipologías no precisadas por las autoridades judiciales.
El reporte gubernamental destacó que la mayor parte de los afectados por explotación laboral correspondió al género masculino. Asimismo, los equipos de auxilio detectaron a niños, adolescentes, mujeres y ciudadanos extranjeros oriundos de Colombia, Guatemala y Rusia que padecieron abusos dentro del territorio salvadoreño.
Entre los hechos más notorios sobresalió el rescate preventivo y la apertura de una causa por el reclutamiento engañoso de 65 salvadoreños contratados para prestar servicios de seguridad privada en la República Democrática del Congo. Aquellos trabajadores sufrieron el incumplimiento de las remuneraciones pactadas en contratos fraudulentos tramitados por intermediarios irregulares.
Medidas institucionales contra la trata de personas
El Gobierno salvadoreño aprobó la actualización de su Plan de Acción Nacional para el lapso 2025-2029, introduciendo mecanismos más ágiles de repatriación para connacionales afectados en el exterior. También se establecieron protocolos rigurosos de atención especializada destinados a menores de edad e individuos en condición de movilidad humana.
En materia laboral, las dependencias gubernamentales reforzaron la fiscalización sobre reclutadores independientes, agencias de colocación de empleo y subcontratistas. Las inspecciones sistemáticas permitieron detectar y sancionar al menos a 40 intermediarias que operaban sin licencias oficiales vigentes.
Pese a estas disposiciones administrativas, el documento oficial de Washington advirtió que la cobertura de los servicios públicos de contención social continuó siendo deficitaria. La mayoría de los damnificados careció de refugio integral, atención psicológica prolongada o asistencia jurídica oportuna tras el rescate.
Disminución de juicios y nuevas modalidades delictivas
En el plano de la persecución penal, las fuerzas policiales y fiscales abrieron 58 investigaciones formales frente a las 18 incoadas durante el ciclo antecedente. No obstante, esa suba investigativa contrastó con una merma abrupta en el número de imputados llevados ante los tribunales, que cayó a 36 sospechosos frente a los más de 500 procesados anteriormente.
Los fallos condenatorios dictados por los juzgados competentes alcanzaron únicamente a cinco personas, disminuyendo respecto a las once condenas del periodo previo. Dos de los sentenciados recibieron penas de 16 y 18 años de cárcel, dentro del marco normativo local que castiga estos delitos con sanciones de hasta dos décadas de encierro si median engaño o coacción.
Por último, las agencias de inteligencia advirtieron una creciente sofisticación tecnológica de las redes de captación. El crimen organizado utiliza hoy plataformas de mensajería cifrada, redes sociales, créditos digitales y herramientas de Inteligencia Artificial para capturar víctimas mediante ofertas laborales y formativas falsas.
Datos clave
- El Salvador permaneció en el Nivel 2 del informe del Departamento de Estado estadounidense al no alcanzar plenamente los estándares mínimos fijados por la normativa internacional.
- Las autoridades identificaron a 152 víctimas a lo largo de 2025, superando ampliamente los 27 casos registrados durante el año anterior.
- Las investigaciones policiales aumentaron a 58 casos, pero los procesamientos judiciales descendieron drásticamente a solo 36 personas formalmente imputadas.
- Cinco personas recibieron condenas judiciales, con penas que alcanzaron hasta los 18 años de prisión para los principales responsables.
- Las bandas criminales emplean Inteligencia Artificial, plataformas de préstamos virtuales y transferencias electrónicas para engañar a ciudadanos vulnerables.
