El combate a la trata de personas registró avances y desafíos en Costa Rica durante el último ciclo evaluado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El reporte internacional ubicó al país centroamericano en el Nivel 2 debido a que, si bien incrementó sus sanciones penales, aún no cumple de manera plena con los estándares mínimos para su erradicación. La publicación del informe detalló logros judiciales y varias falencias estructurales en la protección a los afectados.
Avances y condenas contra la trata de personas
Durante el año 2025 los tribunales costarricenses lograron dictar sentencia condenatoria contra diez personas responsables de estos hechos. De ese total, ocho fallos correspondieron a situaciones de explotación sexual y dos a trabajo forzoso, con penas que oscilaron entre los ocho y los catorce años de cárcel. Este resultado superó ampliamente el registro del año previo, cuando solamente dos individuos habían recibido condenas por abusos laborales.
Sin embargo, el volumen general de causas abrió interrogantes entre las autoridades supervisoras. Las investigaciones iniciadas cayeron a 86 expedientes durante el año analizado, frente a los 97 registrados en el periodo anterior. A su vez, los procesos judiciales activos disminuyeron de diez a siete sospechosos, de los cuales cinco correspondían al ámbito sexual y dos a denuncias de carácter laboral.
Marco legal y barreras para la asistencia
La normativa costarricense contempla en su Código Penal penas severas que van de seis a diez años de prisión para la captación de adultos y de ocho a dieciséis años cuando las víctimas son menores de edad. Pese a este marco punitivo, persisten deficiencias operativas que complican el auxilio de las víctimas en las provincias alejadas de la capital. Quienes sufren este delito fuera de San José deben viajar obligatoriamente para someterse a entrevistas y obtener la certificación oficial que habilita la asistencia estatal.
Esta exigencia burocrática limitó de manera considerable el acceso a programas sociales y albergues de rescate. El informe también remarcó la falta crónica de espacios de acogida especializados para hombres adultos. Asimismo, las unidades policiales y los ministerios públicos enfrentan restricciones presupuestarias y vacíos de personal que debilitan las pesquisas en comunidades rurales.
Implicación institucional y causas pendientes
La investigación estadounidense también expuso situaciones de complicidad estatal que empañan las labores institucionales. Las autoridades de Costa Rica procedieron al arresto y procesamiento de un funcionario del Ministerio de Trabajo por presuntamente pagar por actos sexuales con un menor de edad. Por otra parte, continúa a la espera de juicio oral un expediente que investiga a un exalcalde y a otros dos exfuncionarios locales señalados de liderar una red delictiva.
El fortalecimiento de la justicia penal contra la trata de personas en la región resulta indispensable para desarticular estas estructuras clandestinas. Aunque Costa Rica introdujo reformas para castigar el reclutamiento coactivo de menores para fines delictivos, la disparidad formativa de los agentes locales sigue derivando en imputaciones bajo figuras menores, lo que diluye el rigor sancionatorio establecido por la ley.
Datos clave
- Condenas en alza: Los tribunales sentenciaron a diez responsables en 2025, superando las dos condenas del periodo previo, con castigos de hasta catorce años.
- Descenso investigativo: Las causas abiertas cayeron a 86 durante el último ciclo frente a los 97 expedientes abiertos en 2024.
- Trabas burocráticas: Las víctimas del interior del país deben viajar hasta la capital para acreditarse y acceder a los beneficios de asistencia.
- Funcionarios procesados: La justicia mantiene abiertas causas contra un empleado ministerial y exautoridades municipales por complicidad.
