El escenario relativo a la trata de personas Panamá mantuvo su ubicación en el Nivel 2 dentro de la clasificación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas reconocieron progresos en materia de persecución penal y sentencias durante el ciclo 2025. Pese a estos resultados, el documento subrayó que persisten graves deficiencias en la detección temprana y asistencia integral a los afectados.
Evaluación sobre la trata de personas Panamá
Durante el último ejercicio evaluado, los organismos judiciales tramitaron 27 causas vinculadas a redes criminales, superando las 22 registradas el período previo. Dos de estos expedientes correspondieron a trata sexual y los restantes a diversas variantes de sometimiento.
Asimismo, los tribunales dictaron una condena de 12 años de cárcel por explotación sexual, quebrando dos años seguidos sin fallos judiciales bajo el marco normativo específico. El marco penal contempla sanciones de hasta 30 años cuando las víctimas resultan menores de edad.
Pese a las reformas legales que eliminaron la exigencia de traslados territoriales para tipificar el delito, el reporte constató que no se abrieron pesquisas por trata interna. Además, varios imputados por estas prácticas terminaron procesados bajo figuras penales menores con castigos significativamente reducidos.
Dificultades operativas y ausencia de albergues
La comisión interinstitucional encargada de la materia confirmó formalmente a cuatro víctimas extranjeras en 2025, además de otras doce que aguardaban resolución desde 2024. El grupo incluyó personas de Venezuela, Colombia, China, Brasil, Costa Rica y República Dominicana.
El reporte advirtió que la certificación estatal resulta excesivamente lenta y puede demorar meses. Este retraso condiciona el acceso efectivo a servicios esenciales, pues la determinación técnica suele supeditarse a las actuaciones de fiscales en causas penales abiertas.
Por otra parte, la infraestructura pública carece de refugios especializados para brindar acogida segura a los damnificados. La atención disponible recae en organizaciones civiles u hoteles transitorios, dejando desprotegidos a hombres y trabajadores agrícolas que sufren explotación laboral forzada.
Vulnerabilidad en pasos migratorios y comunidades
El informe remarcó la fragilidad de migrantes que cruzan el territorio centroamericano hacia Norteamérica. Frente a las dinámicas de la trata de personas Panamá, las redes criminales aprovechan la necesidad económica para someter a extranjeros y nacionales a trabajos forzados en minería, comercio y construcción.
Las mujeres y niños de comunidades indígenas en zonas fronterizas registran una alta exposición a la servidumbre y el abuso sexual. La limitada presencia del Estado y las trabas en el acceso a la justicia impiden detectar hechos en áreas rurales remotas.
A esto se sumaron reportes sobre captaciones fraudulentas dirigidas a jóvenes panameñas con falsas becas en centros militares de Rusia. En ese contexto, los desafíos para erradicar la trata de personas Panamá demandan una mayor dotación presupuestaria y alianzas sólidas en la región.
Datos clave
- Evaluación sostenida: Panamá conservó su lugar en el Nivel 2 del informe estadounidense tras elevar a 27 las investigaciones judiciales en 2025.
- Condena histórica: La justicia panameña impuso una sentencia de 12 años de prisión por trata sexual, tras dos años sin condenas por esa tipificación.
- Víctimas extranjeras: Todas las personas identificadas y confirmadas formalmente procedían de países de América Latina y Asia.
- Déficit de refugios: El país carece de albergues exclusivos para víctimas y no reportó investigaciones sobre trata de carácter interno.
