El desarrollo de la criptominería en Paraguay atraviesa una fase de profunda reconfiguración tras el incremento de la demanda de electricidad y la llegada de capitales extranjeros. Las autoridades del sector energético analizan mecanismos para que este consumo intensivo redunde en beneficios económicos duraderos para la población. Con la aproximación del vencimiento de contratos hacia finales de 2027, el país debate el destino de sus recursos hidroeléctricos.
Ingresos para la empresa estatal y vencimiento de acuerdos contractuales
Las compañías dedicadas a este rubro se han consolidado como clientes de gran relevancia financiera para la Administración Nacional de Electricidad. De acuerdo con las estimaciones oficiales, unas 41 firmas que operan formalmente podrían aportar alrededor de 350 millones de dólares a la entidad durante este ejercicio. Esta suma confirma el peso que adquirió la actividad dentro de la estructura de recaudación energética.
La ANDE dispuso en 2022 una categoría tarifaria denominada Consumo Intensivo Especial para ordenar el suministro a plantas de computación y procesamiento digital. Bajo esta normativa, las instalaciones deben ubicarse en zonas con capacidad técnica disponible y operar con tendidos exclusivos para proteger la red general. No obstante, los convenios vigentes concluirán a fines de 2027, lo que obliga a revisar las condiciones de suministro para la próxima década.
El impacto de la criptominería en Paraguay y los ingresos fiscales
Dentro de la empresa estatal surgieron propuestas técnicas para establecer un cupo máximo de 700 megavatios para estos usuarios de alta demanda. Varios ingenieros plantearon fijar una tarifa mínima de 56 dólares por megavatio hora y asignar la potencia mediante mecanismos de competencia de precios. De este modo, la criptominería en Paraguay dejaría de recibir bloques energéticos sin una puja que valore la disponibilidad local.
La regulación de la criptominería en Paraguay también comenzó a involucrar a las autoridades tributarias y de control financiero. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios estableció la obligación de reportar transacciones con activos digitales para incrementar la trazabilidad de los fondos. Al mismo tiempo, las intervenciones contra conexiones ilegales continúan, como el operativo en Ciudad del Este donde se incautaron procesadores con un perjuicio millonario.
Competencia con centros de datos y proyectos de inteligencia artificial
El debate de fondo radica en el costo de oportunidad que representa destinar megavatios a procesadores de monedas digitales. Aunque la actividad aporta ingresos tarifarios a la ANDE, genera muy escasa mano de obra y escaso encadenamiento con la industria nacional. Frente a este panorama, emergen propuestas vinculadas a la inteligencia artificial y centros de datos que demandan grandes volúmenes de electricidad pero proyectan mayores transferencias tecnológicas.
Un ejemplo de esta transformación es la reciente presentación de un plan tecnológico internacional que proyecta invertir 12.000 millones de dólares y consumir 280 megavatios. Esta clase de iniciativas presiona la capacidad del sistema y obliga a elegir qué sectores deben recibir prioridad en la asignación de potencia. Por este motivo, el modelo de la criptominería en Paraguay se encuentra bajo un riguroso análisis sobre el valor agregado que aporta al crecimiento socioeconómico.
Desafíos para la sostenibilidad del sistema hidroeléctrico
El país cuenta con una ventaja competitiva excepcional gracias a la producción de sus centrales hidroeléctricas binacionales. Sin embargo, los técnicos advierten que la abundancia energética tiene un límite temporal si la demanda industrial sigue creciendo al ritmo actual. Definir tarifas adecuadas y desalentar el consumo informal resulta indispensable para garantizar que las redes de transmisión no sufran sobrecargas ni perjuicios patrimoniales.
Las decisiones que adopte el Gobierno en los próximos meses definirán la estructura tarifaria que regirá a partir de 2028. La meta consiste en compatibilizar la recaudación de la empresa eléctrica con la radicación de industrias complejas que dinamicen el empleo. Así, la renegociación de contratos se perfila como un punto de inflexión en la política energética nacional.
Datos clave
- Ingresos millonarios: La ANDE proyecta recaudar cerca de 350 millones de dólares en 2026 a través de 41 empresas legales.
- Contratos por vencer: Los acuerdos vigentes con los grandes consumidores electrointensivos expiran a finales de 2027.
- Tarifa mínima propuesta: Equipos técnicos sugieren una base de 56 dólares por megavatio hora y un tope de 700 megavatios para el sector.
- Control tributario y operativo: La DNIT fijó exigencias de información para operaciones con activos virtuales, mientras siguen los operativos contra conexiones clandestinas.
- Nuevas inversiones tecnológicas: Proyectos de inteligencia artificial con demandas de hasta 280 megavatios compiten por la disponibilidad eléctrica del país.
