El proyecto que crea fueros para atender hechos de violencia contra las mujeres vuelve a instalarse en el centro de la agenda parlamentaria paraguaya. La Cámara Alta convocó a una sesión ordinaria para estudiar medidas judiciales de urgencia y suspensiones en el ámbito de la educación superior.
Ambos debates legislativos surgen en un contexto de fuerte preocupación social e institucional en el país. Por un lado, las estadísticas oficiales reflejan una alarmante cantidad de agresiones graves hacia la población femenina. Por el otro, recientes fallos judiciales destaparon irregularidades en la expedición de títulos universitarios dentro del sistema académico.
Juzgados exclusivos ante la violencia contra las mujeres
La propuesta busca estructurar instancias judiciales especializadas para enfrentar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva integral. El sistema contempla la intervención inmediata con medidas cautelares de resguardo y el seguimiento procesal en causas de violencia intrafamiliar, abusos contra la libertad sexual y feminicidios.
El plan original había sido vetado por el Ejecutivo durante el periodo legislativo anterior tras modificaciones que afectaban su viabilidad técnica. En esta nueva consideración, el documento plantea un esquema de despliegue territorial por etapas que iniciará en la capital, el departamento Central y Alto Paraná.
La normativa proyectada exige que cada juzgado cuente con equipos interdisciplinarios formados al menos por profesionales en psicología y trabajo social. Asimismo, los magistrados que aspiren a integrar estas magistraturas deberán certificar una capacitación mínima de 120 horas en derechos humanos y problemáticas de género.
Freno a carreras universitarias tras el caso de Hernán Rivas
En paralelo, el pleno legislativo tiene previsto discutir dos propuestas orientadas a establecer una moratoria para habilitar casas de estudio superior. Estas medidas surgen tras la condena judicial a ocho años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán Rivas por el uso de documentos públicos falsos vinculados a su título profesional.
El primer borrador, presentado por senadores de distintas bancadas de la oposición, propone una suspensión de dos años exclusivamente para instituciones privadas. Esta iniciativa busca brindar una pausa para auditar los métodos de control estatal y asegurar parámetros mínimos de excelencia formativa.
La segunda opción plantea una veda más rigurosa de cinco años que alcanza tanto al sector público como al privado. Este texto incluye la prohibición de crear sedes, filiales y carreras en las ramas de Medicina y Derecho, las cuales han registrado una proliferación sin precedentes en varias localidades.
Situación de las acreditaciones y los alcances normativos
Las autoridades aclararon que estas restricciones no implican el cierre inmediato de facultades en funcionamiento ni la anulación de títulos emitidos legalmente. El objetivo central apunta a consolidar los estándares de la educación terciaria mientras los órganos especializados refuerzan la vigilancia para frenar la impunidad en delitos graves y casos de violencia contra las mujeres en distintos departamentos.
Actualmente, el territorio nacional registra 58 universidades habilitadas formalmente por ley, divididas entre 10 de gestión estatal y 48 de carácter privado. En la disciplina jurídica, los informes de evaluación revelan que existen 191 carreras habilitadas pero apenas una treintena cuenta con la certificación oficial de calidad.
Datos clave
- Cifras alarmantes: El Ministerio Público contabilizó 130 víctimas fatales de feminicidio entre enero de 2023 y octubre de 2026 en todo el territorio paraguayo.
- Despliegue judicial: La iniciativa legislativa proyecta juzgados, tribunales de sentencia y juzgados de ejecución especializados con cobertura inicial en tres regiones clave.
- Plazo de expansión: Se proyecta que todas las cabeceras departamentales cuenten con juzgados especializados en un periodo máximo de siete años.
- Control universitario: La propuesta legislativa más estricta busca suspender por cinco años nuevas aperturas en Derecho y Medicina ante la baja tasa de carreras acreditadas.
