El régimen sobre conflicto de intereses volvió al centro del debate parlamentario en Asunción luego de que un grupo de senadores de la oposición presentara una iniciativa formal. El proyecto legislativo pretende derogar las modificaciones recientes aplicadas a la normativa y reponer las restricciones estrictas a los exfuncionarios estatales que pasan al sector empresarial privado.
La propuesta legislativa fue promovida por los legisladores Rafael Filizzola, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, Ignacio Iramaín y José Oviedo. El objetivo declarado de los proyectistas es restaurar el espíritu con el cual se concibió la Ley 7089 original, aprobada en abril de 2023 durante el tramo final del mandato de Mario Abdo Benítez.
Proyecto para frenar el conflicto de intereses y la puerta giratoria
El texto presentado se denomina formalmente proyecto de ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública. Con este planteamiento, los parlamentarios buscan frenar la denominada puerta giratoria, un mecanismo mediante el cual exautoridades que tuvieron poder de regulación ingresan rápidamente a directorios o gerencias de firmas a las que antes supervisaban.
De acuerdo con los fundamentos expresados por los legisladores, la normativa original procuraba impedir que los antiguos administradores estatales utilizaran datos privilegiados, contactos institucionales y conocimientos internos en beneficio de corporaciones privadas. Sin embargo, las sucesivas modificaciones aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso terminaron, según la denuncia de la bancada opositora, quitándole eficacia al marco sancionatorio.
Las modificaciones parlamentarias y las críticas de la oposición
La última reforma aplicada sobre este régimen legal se concretó cuando la Cámara de Senadores ratificó diversos cambios que recortaron el alcance de las incompatibilidades. A criterio de los senadores proponentes, estas alteraciones desnaturalizaron el instrumento legal y dejaron desprotegido al Estado frente a conductas éticamente cuestionables.
La senadora Esperanza Martínez sostuvo que los cambios aprobados en el Congreso permitieron un traspaso de influencias que facilitó ventajas corporativas indebidas. La legisladora puntualizó que las modificaciones debilitaron los sistemas de fiscalización previa y el régimen de penalidades, por lo que resulta indispensable reinstaurar los estándares originales de transparencia.
Lo que contempla el debate en el Congreso Nacional
La nueva propuesta buscará instalar controles más estrictos sobre los periodos de carencia que deben cumplir los exservidores públicos antes de prestar servicios en entidades afines a sus anteriores funciones de control. Asimismo, los impulsores de la iniciativa adelantaron que durante el tratamiento en comisiones añadirán cláusulas para elevar los niveles de publicidad patrimonial y endurecer las sanciones pecuniarias y administrativas.
El debate se dará en un escenario político polarizado dentro del Parlamento, donde las fuerzas de oposición intentarán reunir los consensos necesarios para frenar cualquier conflicto de intereses dentro de la administración estatal. Las comisiones asesoras del Senado deberán emitir los dictámenes correspondientes antes de que el documento sea estudiado por el pleno de la cámara.
Datos clave
- Iniciativa multipartidaria: los senadores Rafael Filizzola, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, Ignacio Iramaín y José Oviedo presentaron el proyecto en el Congreso.
- Objetivo de la norma: busca derogar las reformas que recortaron la Ley 7089 original y reinstaurar los controles para evitar la denominada puerta giratoria.
- Más transparencia: el proyecto prevé ampliar la publicidad de las declaraciones juradas y reforzar las penalizaciones a los funcionarios infractores.
