La presunta colocación indiscriminada de fondos públicos en Ueno desató una fuerte controversia en el Congreso paraguayo durante la última jornada parlamentaria. Tres senadores de bancadas opositoras presentaron una solicitud formal dirigida a la Presidencia de la República para transparentar el manejo financiero estatal. Sin embargo, la bancada oficialista optó por dejar la sesión sin el quórum correspondiente para impedir el análisis del documento.
La presentación legislativa busca aclarar las operaciones de colocación de recursos pertenecientes a diversas instituciones gubernamentales en entidades del sector privado. El reclamo cobra relevancia debido a la incertidumbre existente entre los aportantes de cajas jubilatorias y usuarios de servicios estatales ante posibles riesgos patrimoniales.
Pedido de informe sobre los fondos públicos en Ueno
La iniciativa parlamentaria fue impulsada de manera conjunta por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez e Ignacio Iramaín. Los proyectistas demandan que las autoridades informen detalladamente sobre depósitos, fideicomisos e instrumentos de inversión contratados por entidades públicas. El requerimiento abarca tanto a Ueno Bank como a Ueno Holding y otras sociedades comerciales vinculadas directa o indirectamente.
El texto elevado a la Presidencia contempla una auditoría temporal que va desde el primero de enero de 2023 hasta la fecha de contestación oficial. Asimismo, la requisitoria legislativa exige incorporar antecedentes previos en caso de que existan obligaciones, saldos u operaciones financieras con efectos aún vigentes en la actualidad. Filizzola remarcó en sus redes sociales que los ciudadanos tienen pleno derecho a conocer el destino del erario.
La investigación apunta a esclarecer las responsabilidades de quienes autorizaron transferencias bancarias institucionales. Los legisladores indicaron que la transparencia resulta obligatoria para asegurar que el capital del Estado no haya sufrido maniobras lesivas a través de figuras fiduciarias o administradoras intermedias.
Bloqueo parlamentario y propuesta para proteger ahorristas
Tras suspenderse la reunión plenaria de la Cámara Alta por deserción del oficialismo, Filizzola brindó declaraciones a los medios de comunicación. El legislador lamentó que la maniobra política haya frenado también la discusión de una modificación urgente a la ley que regula a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.
El legislador opositor explicó que la normativa vigente distribuye los recursos decomisados entre distintas entidades estatales, como la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas. Frente a este esquema regular, la propuesta legislativa pretende que la totalidad de los bienes comisados en este proceso se destine con prioridad exclusiva al resarcimiento de los ahorristas afectados.
El proyecto de ley contempla que tanto los clientes perjudicados como los trabajadores que sufrieron la pérdida de pasivos laborales mantengan un privilegio legal de cobro. Los autores del texto subrayaron que los exempleados y depositantes deben ser reconocidos como víctimas principales frente al eventual desvío o perjuicio económico.
Estimaciones sobre el alcance de las pérdidas estatales
De manera complementaria, el senador Ever Villalba dio a conocer un reporte preliminar sobre la exposición patrimonial pública ante la crisis. De acuerdo con estas estimaciones, el perjuicio global rondaría los mil millones de dólares, distribuidos en una amplia nómina de organismos gubernamentales y cajas previsionales.
Entre las entidades con mayor volumen comprometido destaca el Instituto de Previsión Social con depósitos calculados en 516 millones de dólares. Por su parte, la entidad Itaipú Binacional registra colocaciones por 163,8 millones de dólares más 115.200 millones de guaraníes. A su vez, el Ministerio de Economía y Finanzas contaría con 250.000 millones de guaraníes provenientes de la Caja Fiscal en dicho circuito financiero.
Otras instituciones señaladas en el informe preliminar incluyen a la Administración Nacional de Electricidad con 31,64 millones de dólares y a la Caja Bancaria con más de 186.000 millones de guaraníes. La lista también incorpora recursos de Conatel, Petropar, el Senave, la Municipalidad de Asunción, bomberos voluntarios y la Corte Suprema de Justicia, lo que dimensiona el impacto general de los fondos públicos en Ueno.
Datos clave
- Iniciativa legislativa: Los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez e Ignacio Iramaín presentaron un pedido de informe sobre operaciones bancarias estatales.
- Falta de quórum: El oficialismo desarticuló la sesión del Senado impidiendo el tratamiento de la solicitud y del proyecto de modificación legal.
- Reforma de Senabico: La oposición busca modificar la ley para que los bienes comisados indemnicen con prioridad a los ahorristas y extrabajadores damnificados.
- Magnitud estimada: Un balance preliminar legislativo calcula que la exposición de entidades públicas alcanzaría unos mil millones de dólares.
