Un Tribunal de Apelación dejó sin efecto, un año y medio después, la desestimación de una denuncia por supuesta apropiación y lesión de confianza vinculada a la compraventa de acciones de una empresa minera. Con esta decisión, la causa vuelve a quedar abierta para que la Fiscalía continúe investigando.
La desestimación había sido pedida por un fiscal provisorio designado después de que la fiscala titular del caso fuera recusada por la defensa del denunciado.
El origen del conflicto
En marzo de 2020, el empresario David Han Hwang, representante de la firma Ñamopu'ã Paraguay, adquirió 31.500 acciones de la empresa de explotación minera Latin American Minerals SA por un total de US$ 840.000. Las acciones pertenecían a Alberto Helfon Antebi Duarte.
Según la denuncia, Han recibió los títulos, pero cuando pidió que las acciones se registraran a su nombre, Antebi no realizó el cambio. El denunciante sostiene además que, aunque la empresa generó utilidades, nunca recibió los dividendos que le correspondían.
Antebi, por su parte, rechaza la acusación y sostiene que Han no pagó el monto pactado en el contrato.
Recusación y cambio de fiscal
Han presentó la denuncia ante el Ministerio Público y el caso quedó a cargo de la fiscala Teresa Sosa Laconich, que inició las primeras diligencias.
Sin embargo, la defensa de Antebi recusó a la fiscala, es decir, pidió apartarla del caso alegando falta de imparcialidad. En su lugar fue designado como fiscal provisorio Gerardo Mosqueira, quien pidió desestimar la denuncia por considerar que los hechos no constituían un delito.
El juez penal de garantías Nº 7, Miguel Palacios, se opuso en un principio. Pero cuando la Fiscalía Adjunta ratificó el pedido, terminó desestimando la denuncia mediante el Auto Interlocutorio Nº 356, del 7 de mayo de 2025.
La apelación
El abogado Rodrigo Yódice, en representación de Han, apeló la resolución.
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, integrado por los camaristas Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias, resolvió por unanimidad revocar la desestimación.
En su voto, Torres advirtió un error en la resolución del juez: había desestimado la denuncia por apropiación y estafa, cuando los hechos denunciados eran apropiación y lesión de confianza. Según el camarista, se trató probablemente de un error material que se apartó de lo que efectivamente planteaban la Fiscalía y el denunciante.
«La investigación no estaba terminada»
Al contestar la apelación, la fiscala titular, Teresa Sosa Laconich, cuestionó que la resolución del juez carecía de una fundamentación clara y precisa.
Según la fiscala, el magistrado no consideró los elementos ya reunidos en la investigación ni los informes que todavía estaban pendientes. Entre ellos, uno clave: determinar si Antebi era efectivamente accionista al momento de firmar el contrato privado y si estaba facultado legalmente para vender esas acciones.
Sosa Laconich explicó que ese dato podría relacionarse con el delito de estafa, que requiere una declaración falsa. Sostuvo que, aunque un fiscal puede pedir la desestimación, el juez está obligado a analizar todos los elementos y no puede afirmar que no hay delito si la investigación no concluyó. A su criterio, la resolución no protegió los derechos de la víctima.
Los términos del caso
- Apropiación: quedarse indebidamente con un bien ajeno que se recibió o se tiene en poder.
- Lesión de confianza: perjudicar el patrimonio de otra persona cuando se tenía el deber de administrarlo o cuidarlo.
- Desestimación: decisión judicial que cierra una denuncia en su etapa inicial por considerar que los hechos no constituyen delito.
- Recusación: pedido de una de las partes para apartar a un fiscal o juez del caso por dudas sobre su imparcialidad.
Lo que viene
Con la revocación, la denuncia vuelve a la etapa de investigación. La Fiscalía deberá completar las diligencias pendientes para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación o si corresponde otra salida procesal. Por ahora, el denunciado no fue imputado.
