La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de cubrir cargos vacantes de actuarios en Alto Paraná mediante un concurso de carácter interno, cerrado al público, generó una fuerte polémica. La medida dividió al máximo tribunal y recibió duras críticas de sectores anticorrupción.
Qué decidió la Corte
En la sesión plenaria del miércoles 21 de octubre, el ministro César Diesel, superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, propuso un concurso de conocimientos para cubrir cargos de actuarios y jefaturas en esa circunscripción. La convocatoria sería interna, es decir, abierta solo a funcionarios del Poder Judicial, y comenzaría en febrero del próximo año.
El ministro Manuel Ramírez Candia se opuso. Sostuvo que el principio de igualdad que consagra la Constitución exige necesariamente un concurso abierto al público.
Empate y retiro de la sala
Ambas propuestas se pusieron a votación y la primera vuelta terminó empatada 4 a 4:
- Por el concurso abierto: Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos, Gustavo Santander y Eugenio Jiménez Rolón.
- Por el concurso interno: César Diesel, Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón.
Tras el empate, Ramírez Candia abandonó la sala. En una segunda votación, sin su presencia, se impuso la propuesta del concurso interno.
Los ministros de la mayoría no explicaron públicamente los fundamentos de su postura. Los concursos internos suelen defenderse como una herramienta de carrera para los funcionarios que ya integran una institución.
«Van a elegir a los leales»
La abogada María Esther Roa, activista anticorrupción e integrante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (CoaPy) y de Somos Anticorrupción Paraguay, cuestionó la decisión con dureza.
Según Roa, con un concurso cerrado los propios ministros terminarán eligiendo a funcionarios afines y leales. Advirtió que no se trata de cargos menores: los actuarios judiciales muchas veces realizan tareas que corresponden al juez y son, en los hechos, la segunda persona más importante dentro de un juzgado.
La abogada sostuvo que la medida vulnera los principios constitucionales de igualdad, idoneidad y oportunidad. Recordó que la Constitución establece que el acceso a las funciones públicas no electivas debe darse en condiciones de igualdad y sin más requisitos que la idoneidad.
Roa cuestionó además que sean los propios ministros, encargados de interpretar y hacer cumplir la Constitución, quienes la vulneren.
Una Corte dividida
Para la activista, lo ocurrido confirma una división marcada dentro del máximo tribunal, donde las decisiones parecen tomarse como en un partido de fútbol entre dos equipos. Pese a lamentar la situación, valoró la actitud de Ramírez Candia por animarse a confrontar a la mayoría.
También criticó al presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón. Señaló que, al defender el presupuesto del Poder Judicial ante el Congreso, se presentó como un reformista, pero luego respaldó la decisión cuestionada.
«La cultura del padrinazgo debe terminar»
Roa advirtió que este tipo de designaciones favorece la llegada de funcionarios que podrían actuar en complicidad con ministros, jueces y abogados. Comparó la situación con la conformación de ternas en el Consejo de la Magistratura, donde, según su visión, pesan más los contactos y los padrinos que la capacidad.
La activista llamó a la ciudadanía a no resignarse y animó a los estudiantes de Derecho a levantar la voz para terminar con la cultura del padrinazgo en la Justicia.
Más cargos en el presupuesto
La polémica llega mientras el Poder Judicial gestiona más recursos ante el Congreso. Para el Presupuesto 2027, la Corte solicitó unos US$ 57 millones adicionales, destinados en parte a la creación de 941 nuevos cargos y a ajustes salariales para unos 8.000 funcionarios.
