El debate sobre la reforma del Estatuto Agrario llega a la Cámara de Senadores en Asunción para su tratamiento legislativo. La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo busca modificar normativas clave sobre la tenencia de inmuebles y el funcionamiento institucional del sector rural. Sin embargo, la iniciativa enfrenta duros cuestionamientos por parte de la oposición parlamentaria.
La convocatoria fijó el tratamiento del proyecto para la sesión matutina de la Cámara Alta. La legisladora Yolanda Paredes, titular de la Comisión de Reforma Agraria, advirtió sobre los alcances del documento y comparó la operación con recientes controversias financieras del país. Según sus declaraciones, la normativa podría habilitar mecanismos perjudiciales para la administración de los bienes del Estado.
Alcance del proyecto remitido por el Ejecutivo
El texto normativo corresponde al Mensaje N° 372 remitido por el Poder Ejecutivo para su consideración legislativa. El plan propone modificaciones en los artículos 52 y 56 del marco rural vigente, así como en el artículo 14 de la carta orgánica que rige al ente agrario. Desde el gobierno central se argumentó que los cambios pretenden facilitar la titulación a las familias campesinas mediante pagos diferidos y la eliminación de barreras económicas.
El estudio de esta propuesta legislativa ya había sufrido suspensiones en meses previos. En aquella ocasión, legisladoras de distintos signos políticos solicitaron postergar la discusión para profundizar el análisis técnico y evitar decisiones apresuradas. El debate se reactiva ahora con posturas marcadamente divididas entre las bancadas parlamentarias.
Las posturas encontradas sobre la reforma del Estatuto Agrario
Los cuestionamientos hacia la reforma del Estatuto Agrario se concentran en las atribuciones que recibiría la máxima autoridad del ente rural, Francisco Ruiz Díaz. La senadora Paredes calificó de engañoso el argumento de la ayuda al campesinado y sostuvo que el fondo real del texto legal apunta a convalidar la venta de inmuebles fiscales a terceros que no califican como sujetos de la reforma.
Desde la perspectiva de los sectores críticos, las operaciones planteadas desvirtúan el objetivo de arraigo que persigue la política agraria paraguaya. Advierten que concentrar decisiones patrimoniales en la presidencia institucional podría abrir la puerta a un esquema de privatización y extranjerización del territorio público, sin los contrapesos que actualmente brindan las instancias colegiadas de control.
Debate sobre atribuciones y superficies familiares
Uno de los puntos más conflictivos de la discusión radica en la potestad para enajenar inmuebles a personas ajenas a la condición campesina. El proyecto gubernamental plantea incorporar el inciso t al artículo 14 para autorizar estas ventas a valores de mercado, orientando los ingresos a programas de infraestructura. La contrapropuesta legislativa exige conservar el dictamen vinculante de la Junta Asesora y de Control de Gestión.
A diferencia del proyecto de reforma del Estatuto Agrario presentado por el Ejecutivo, la senadora Paredes propone que los límites de las Unidades Básicas de Economía Familiar queden fijados estrictamente por ley. Su planteamiento establece rangos de 10 a 30 hectáreas para actividades agroganaderas en la Región Oriental y hasta 50 hectáreas para ganadería pura, mientras que en el Chaco propone extensiones de 100 a 300 hectáreas agroganaderas y hasta 500 para uso pecuario.
Datos clave
- Tratamiento legislativo: El Senado paraguayo analiza las modificaciones planteadas a la legislación agraria y a la ley orgánica del Indert.
- Puntos en debate: El proyecto del Poder Ejecutivo busca otorgar facultades directas al titular del Indert para la venta de bienes y la fijación de parcelas familiares.
- Postura opositora: Legisladores advierten sobre un esquema de venta de tierras públicas a personas que no forman parte de los beneficiarios de la reforma agraria.
- Límites territoriales: La propuesta alternativa exige determinar por ley las dimensiones de las parcelas productivas para la Región Oriental y el Chaco.
