El proyecto de presupuesto de Guatemala para el ejercicio fiscal 2027 elevaría la deuda pública al 29,4% del producto interno bruto. Esta advertencia fue lanzada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales tras revisar la iniciativa que el Ejecutivo entregó al Congreso de la República el 2 de septiembre. Con estas cifras, el endeudamiento estatal sobrepasaría el techo de 26,8% fijado por la administración oficial del Movimiento Semilla para el cierre de su gestión.
La propuesta fiscal asciende a 192.045,1 millones de quetzales, lo que equivale a unos 25.137 millones de dólares y representa el 17,6% del PIB guatemalteco. Esto implica una expansión real de 10,3% con respecto al plan financiero vigente, superando el promedio histórico de incremento de 6,5%. Además, el texto contempla un permiso especial para ampliar dicho monto hasta 193.925,1 millones de quetzales sin necesidad de un nuevo aval legislativo ordinario.
Alto déficit fiscal y presión sobre la deuda
El análisis técnico denominado Alerta Presupuesto detalla que el déficit fiscal estimado rondaría el 4,43% del PIB. Este nivel de desequilibrio en las cuentas públicas representa el segundo más elevado de los últimos veinte años, solamente por detrás del 4,91% registrado en 2020 por la pandemia. A su vez, el endeudamiento neto requerido alcanzaría el 3,64% del producto, confirmando un marcado salto frente al 27,2% con el que había concluido el año 2023.
La economista Lourdes Lavarreda, investigadora de la entidad técnica, explicó que las transferencias corrientes y de capital absorberán el 41,1% de los fondos previstos. De esa suma específica, el 28,9% se financiaría directamente mediante la emisión de compromisos financieros estatales. Por mandato legal y constitucional, las obligaciones del Tesoro y el servicio de pasivos acapararán el 51,4% del total general disponible.
Menor inversión pública y dudas en la recaudación
Dentro de este esquema, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda obtendría su cuota presupuestaria más baja desde 2004. Los gastos corrientes de funcionamiento siguen ganando espacio a costa de los desembolsos destinados a la obra pública y al desarrollo estructural. En contraste, los recursos se concentran en educación y en cumplir los compromisos del pasivo estatal, esquema que viene reiterándose en los ejercicios recientes.
Por el lado de los ingresos, el plan calcula una carga impositiva de 12,07% del PIB, distante de la meta gubernamental de 13%. La institución técnica advirtió sobre la inclusión de partidas genéricas por más de 7.326 millones de quetzales en impuestos directos e indirectos, además de una bolsa adicional de previsión de 4.467,6 millones. Estos montos extraordinarios representan reservas presupuestarias con escasa claridad técnica y reducida transparencia en su trazabilidad.
Impacto en metas educativas y roces legales en el presupuesto de Guatemala
El sistema educativo absorbería casi la mitad de los fondos asignados a resultados estratégicos en el nivel primario. Sin embargo, las metas planteadas prevén avances de apenas 0,8 puntos porcentuales en matemática y 2,1 puntos en lectura hacia el año 2029. Esos números contrastan con los notorios retrocesos evidenciados por el país en evaluaciones internacionales como las pruebas PISA.
Por último, el estudio detectó serias inconsistencias jurídicas entre el articulado propuesto y la normativa financiera vigente. Diversos artículos del proyecto entrarían en contradicción directa con la Ley Orgánica del Presupuesto, especialmente en lo referente a la devolución de remanentes de caja al cierre de año. Igualmente, varias disposiciones restringirían los esquemas de libre competencia en las contrataciones y compras estatales, según alertaron los técnicos.
Para el público paraguayo y regional, estas tensiones en el presupuesto de Guatemala reflejan los riesgos comunes del endeudamiento acelerado frente a demandas crecientes de gasto rígido.
Datos clave
- El plan financiero contempla un monto de 192.045,1 millones de quetzales con un déficit proyectado del 4,43% del PIB.
- La deuda estatal treparía al 29,4% del producto en 2027, superando ampliamente la meta oficial de 26,8%.
- La inversión vial recibirá su menor participación presupuestaria en más de dos décadas frente a los gastos de funcionamiento.
- El informe técnico señala conflictos jurídicos con la Ley Orgánica del Presupuesto en materia de compras y saldos de caja.
