Durante el proceso que involucra la fusión de Ueno Bank con la entidad Visión Banco, un dictamen interno del Banco Central del Paraguay (BCP) encendió alertas sobre presuntos gastos no autorizados por 20 millones de dólares. La advertencia quedó registrada en actas oficiales remitidas a la Superintendencia de Bancos (SIB), a cargo de Holger Insfrán, con el objetivo de exigir una fiscalización rigurosa sobre las cuentas de la entidad perteneciente al Grupo Vázquez SAE.
Observaciones al fideicomiso en la fusión de Ueno Bank
El documento elaborado por la integrante del directorio del BCP, Carmen Marín, expuso reparos técnicos sobre el uso de los fondos autorizados para el traspaso corporativo. En particular, la directora cuestionó la inclusión de una adenda por 155.698 millones de guaraníes bajo el concepto de cargos diferidos autorizados por la banca central.
De acuerdo con los antecedentes oficiales, el directorio del BCP autorizó en mayo de 2024 dos facilidades financieras por 5,1 billones de guaraníes para viabilizar la fusión de Ueno Bank. El primer tramo consistió en un fideicomiso de 2,5 billones de guaraníes destinado a gastos legales, consultorías y adecuación tecnológica, mientras que el segundo contempló 2,6 billones de guaraníes para el tratamiento temporal de la cartera morosa.
La observación de Marín resalta que la adenda introducida en marzo de 2025 no correspondía a los conceptos habilitados de forma originaria en el plan de factibilidad. Por esta razón, el informe institucional enfatizó que cualquier modificación sustancial en los gastos requería necesariamente la autorización formal y previa del pleno del directorio.
Facturación cruzada y empresas vinculadas
La revisión efectuada sobre los respaldos contables del fideicomiso también detectó elementos llamativos en los comprobantes presentados por la entidad. Tras analizar una muestra correspondiente al 66 % de los fondos comprometidos, los técnicos comprobaron pagos a favor de empresas pertenecientes al mismo conglomerado empresarial, como Itti Saeca y Ueno Holding.
El análisis técnico descubrió igualmente que algunos comprobantes comerciales tenían fechas anteriores a la resolución que autorizó el plan de fusión. Por estos motivos, el memorando recomendó ampliar la auditoría al total de las facturas presentadas, sugiriendo la aplicación de un criterio restrictivo que evite la inclusión de obligaciones ajenas al proceso de integración bancaria.
Dificultades en el control de la cartera morosa
Otro aspecto observado por los órganos de supervisión fue la falta de discriminación contable en los créditos impagos recibidos por el banco. La reglamentación exigía separar claramente los préstamos morosos de la entidad absorbida de aquellos con retrasos menores a seis meses generados en fechas posteriores.
Un informe de la Superintendencia de Bancos señaló que la falta de diferenciación precisa en los asientos contables complica las labores de inspección sobre el terreno. Este desorden documental podría incidir directamente en el cálculo de las previsiones obligatorias que deben resguardar la estabilidad financiera de la entidad.
La rigurosidad en los controles cobra especial relevancia debido a la posición que consolidó la entidad tras la fusión de Ueno Bank en el mercado financiero nacional. La firma custodia más de 850 millones de dólares en depósitos de instituciones públicas y del Instituto de Previsión Social (IPS), convirtiéndose en la segunda receptora de fondos estatales del país.
Datos clave
- Adenda objetada: Un dictamen del BCP advirtió sobre la incorporación de 20 millones de dólares en gastos no contemplados originalmente en el fideicomiso.
- Facturas de empresas ligadas: El muestreo detectó comprobantes a favor de firmas del mismo grupo empresarial y facturas emitidas antes de la autorización del plan.
- Problemas en balances: La Superintendencia de Bancos alertó sobre la falta de una separación clara entre las distintas categorías de la cartera morosa.
- Custodia de dinero público: La institución financiera administra alrededor de 850 millones de dólares pertenecientes al Estado paraguayo y a la seguridad social.
