Los postulantes al JEM y a otros órganos extrapoder deberán someterse a nuevos controles documentales en la Cámara de Senadores tras el escándalo por títulos universitarios irregulares. La propuesta fue anunciada por el titular del Congreso Nacional, Basilio Núñez, luego del fallo judicial que condenó al exlegislador Hernán Rivas por la utilización de un certificado académico ilegítimo. El parlamentario reconoció que existen vacíos institucionales notorios dentro del parlamento para comprobar la validez de los títulos académicos.
La iniciativa busca conformar un equipo parlamentario que examine minuciosamente las fojas académicas y los legajos de los congresistas antes de su designación formal. Según Núñez, esta revisión previa impedirá que vuelvan a registrarse situaciones donde personas sin preparación certificada integren entidades de alto rango judicial.
Revisión documental para los postulantes al JEM
El titular de la Cámara Alta señaló que la intención apunta a crear una comisión de estilo o verificación interna. Dicho grupo técnico se encargaría de recibir los expedientes de quienes aspiren a integrar los organismos extrapoderes y cotejar de inmediato los datos con las instituciones educativas oficiales.
Núñez remarcó que las gestiones se articularían con el Ministerio de Educación y Ciencias antes de habilitar las candidaturas para la votación en el pleno. A su criterio, establecer controles previos sobre los postulantes al JEM evitaría que personas sin las debidas credenciales ocupen lugares clave en la administración de justicia.
Argumentos sobre la buena fe y el marco constitucional
Al evaluar la responsabilidad política del Congreso en la designación de Rivas, el presidente parlamentario afirmó que la mayoría de los legisladores actuó confiando en la palabra del colega. Subrayó que en un colegiado de decenas de miembros no es posible inspeccionar individualmente la veracidad de la carrera de cada integrante sin mecanismos institucionales previos.
Asimismo, Núñez rechazó la idea de haber sido personalmente embaucado, atribuyendo la situación a un exceso de confianza colectiva. Explicó que casi siete decenas de parlamentarios acompañaron votaciones pasadas bajo la premisa de que los documentos presentados contaban con respaldo verídico y formal ante las autoridades correspondientes.
Respecto a la exigencia de años de ejercicio profesional como requisito de postulación, Núñez aclaró que la Constitución Nacional no impone esa condición para los parlamentarios asignados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Por esta razón, el Senado busca alternativas a través de reglamentos internos que permitan verificar la idoneidad académica sin quebrantar las disposiciones de la Carta Magna.
La trascendencia de los organismos extrapoderes
En la estructura estatal paraguaya, tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados cumplen funciones determinantes para el funcionamiento democrático. La primera institución se encarga de seleccionar las ternas de jueces y fiscales, mientras que la segunda tiene a su cargo juzgar y sancionar el desempeño de los magistrados en todo el territorio nacional.
La presencia de legisladores con cuestionamientos judiciales dentro de estas corporaciones generó severas críticas de sectores académicos y de la sociedad civil. Debido a este escenario, la Cámara Alta evalúa implementar estas reformas administrativas para recuperar la credibilidad institucional al momento de evaluar a los postulantes al JEM y al Consejo de la Magistratura.
Datos clave
- Propuesta de comisión: Basilio Núñez planteó crear un órgano legislativo para revisar títulos y antecedentes antes de votar designaciones.
- Coordinación educativa: La verificación de documentos se articularía directamente con las entidades ministeriales competentes.
- Requisito constitucional: El presidente del Congreso recordó que la Carta Magna no fija años de ejercicio para legisladores en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
- Postura legislativa: Núñez justificó el voto favorable a Hernán Rivas como un acto de buena fe compartida por numerosos parlamentarios.
