La propuesta de impulsar un pacto nacional en Paraguay cobró fuerza tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político resuelto de forma unánime en el Congreso. La directora ejecutiva de la organización Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, alertó sobre el profundo desgaste institucional que afecta a la República. Ante este escenario, la referente civil sostuvo que se requiere un diálogo urgente entre todos los sectores para recomponer el Estado de derecho.
El juicio político aprobado por las cámaras legislativas y la posterior orden de arresto domiciliario dictada por el Ministerio Público colocaron al país en una encrucijada institucional. Las investigaciones penales ligadas a la crisis financiera de la entidad ueno bank detonaron una coyuntura política sin precedentes cercanos. Para los analistas cívicos, el episodio no representa un hecho aislado, sino la manifestación de fallas estructurales acumuladas durante décadas.
Corrupción e impunidad en el sistema estatal
De acuerdo con las declaraciones brindadas por Ferrara al diario El Nacional, la consolidación democrática paraguaya continúa bloqueada por esquemas sistemáticos de impunidad. La activista afirmó que en la administración pública se afianzó una cultura que premia el enriquecimiento rápido sin esfuerzo. En ese sentido, mencionó prácticas irregulares como la falsificación de títulos universitarios para acceder a puestos estatales privilegiados.
Esta degradación ética transformó las irregularidades administrativas en un problema endémico que atraviesa distintos estamentos del poder. Para revertir esta tendencia, la representante civil remarcó que se necesitan liderazgos políticos con verdadera vocación de servicio y compromiso republicano. La falta de sanciones efectivas alimenta la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas del país.
Desigualdad judicial y cooptación de las instituciones
El proceso democrático iniciado tras el golpe de 1989 y plasmado en la Constitución Nacional de 1992 permitió crear herramientas fundamentales de control. Sin embargo, diversos grupos partidarios fueron ocupando esos espacios para someterlos a intereses particulares, según la postura de Semillas para la Democracia. Esta distorsión facilitó la permeabilidad estatal frente a grupos delictivos y redes del crimen organizado.
Ferrara denunció además la marcada disparidad con la que actúa el sistema judicial frente a los ciudadanos comunes y los actores con poder. Mientras las personas en situación de vulnerabilidad reciben penas severas y reclusión inmediata, los imputados por presunta corrupción disfrutan de medidas cautelares leves o celdas con privilegios. Esta inequidad legal debilita el tejido social y empuja a sectores marginados hacia la informalidad y la ilegalidad.
La urgencia de un pacto nacional en Paraguay
Para frenar el deterioro institucional, Semillas para la Democracia considera imperativo convocar a un gran pacto nacional en Paraguay que trace directrices republicanas claras. Dicha concertación no debe limitarse únicamente a los partidos con representación legislativa. El llamado incluye a las bancadas del oficialismo, los bloques opositores, los gremios de la producción y las organizaciones civiles.
La dirigente insistió en que el acuerdo amplio debe orientarse a sanear el aparato judicial y garantizar una efectiva igualdad ante la ley. También defendió la labor de las entidades ciudadanas que enfrentaron presiones y hostigamiento por fiscalizar el uso de los fondos públicos. Un pacto nacional en Paraguay representa la vía indispensable para edificar un proyecto de país duradero y recuperar la credibilidad externa.
Datos clave
- Juicio político histórico: ambas cámaras del Congreso destituyeron por unanimidad a Santiago Peña de la presidencia de la República.
- Medida judicial: el Ministerio Público confirmó la detención domiciliaria del exmandatario en el marco de una investigación vinculada a ueno bank.
- Convocatoria multisectorial: Semillas para la Democracia promueve un acuerdo cívico que incluya a partidos políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.
- Demanda de reformas: la propuesta exige desarticular la impunidad judicial y revertir la cooptación de las instituciones estatales.
