En el marco de la investigación sobre el caso Ueno Bank, el Ministerio Público formuló una imputación formal y requirió la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña y del extitular de la banca matriz, Carlos Carvallo. La determinación fiscal responde a supuestas conductas irregulares vinculadas al manejo de activos estatales y a la custodia del sistema financiero paraguayo. La medida cautelar solicitada busca asegurar el sometimiento de los procesados al proceso judicial en curso.
Criterios del Ministerio Público en el caso Ueno Bank
El requerimiento formulado por la representación fiscal atribuye al exjefe de Estado la presunta comisión de lesión de confianza y administración en provecho propio. Conforme a los elementos presentados por los agentes intervinientes, se indagan las decisiones administrativas y financieras que facilitaron el desvío o colocación indebida de recursos dependientes del Estado durante su gestión.
Por su parte, la acusación preliminar contra Carlos Carvallo abarca idénticos hechos punibles, sumando la supuesta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Las sospechas apuntan a certificaciones y reportes oficiales presuntamente adulterados o emitidos sin el debido rigor reglamentario para favorecer operaciones bancarias.
Los fiscales del caso señalaron que existen suficientes elementos de convicción para sostener la sospecha fundada de participación de ambos exfuncionarios. Ante el peligro procesal y la gravedad de las imputaciones, la Fiscalía solicitó la reclusión preventiva como mecanismo indispensable para cautelar la investigación penal preparatoria.
Concentración millonaria de recursos estatales y previsionales
Uno de los ejes centrales de la pesquisa penal refiere al traslado sistemático de capitales del sector público hacia cuentas privadas. Las indagaciones abiertas en torno al caso Ueno Bank señalan un crecimiento atípico en los saldos y certificados de depósito de entidades previsionales y empresas estatales.
De acuerdo con los datos preliminares de la Dirección General del Tesoro Público, hacia septiembre de 2026 se contabilizaban montos extraordinarios en dicha intermediaria. Los depósitos conjuntos rondaban los 3,6 billones de guaraníes y más de 233 millones de dólares correspondientes a entes como el Instituto de Previsión Social, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, la ANDE y cajas de jubilaciones.
Asimismo, los pesquisas detectaron presuntas falencias en la supervisión de la Superintendencia de Bancos sobre créditos vinculados al Grupo Vázquez. Las alertas internas sobre concentración de riesgo financiero habrían sido desoídas o atenuadas por las instancias jerárquicas encargadas de resguardar los parámetros de solvencia del sistema bancario.
Implicancias institucionales y resolución judicial pendiente
El avance procesal se produce tras la destitución del exmandatario por juicio político, acontecimiento que desencadenó una profunda conmoción política e institucional en el país. El impacto de las revelaciones técnicas motivó cuestionamientos severos sobre la efectividad e independencia de los órganos supervisores del Estado.
La tramitación de las medidas cautelares se encuentra ahora a cargo del Juzgado Penal de Garantías de turno. El magistrado interviniente deberá convocar a las partes para la audiencia de imposición de medidas y resolver si corresponde ordenar la prisión preventiva requerida por los fiscales o dictar medidas sustitutivas.
Desde el plano administrativo, el desenlace del caso Ueno Bank genera expectativa en los sectores económicos y en las instituciones previsionales, cuyos asegurados exigen garantías plenas sobre los fondos sociales. El Ministerio Público adelantó que continuará reuniendo testimonios y peritajes contables para esclarecer la cadena de mando en las autorizaciones cuestionadas.
Datos clave
- Imputación fiscal: La Fiscalía imputó a Santiago Peña por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, y a Carlos Carvallo por dichos tipos penales más presunta producción de documentos falsos.
- Petición de prisión: El Ministerio Público solicitó de manera formal la prisión preventiva de ambos investigados ante el Juzgado Penal de Garantías.
- Fondos comprometidos: Los depósitos públicos e institucionales bajo investigación ascienden a más de G. 3,6 billones y USD 233,4 millones en la entidad bancaria.
- Origen institucional: Los recursos involucrados corresponden a entidades como el IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE y distintas cajas jubilatorias.
