La titular de la Secretaría Nacional de la Juventud, Salma Agüero, quedó en el centro de una fuerte controversia tras confirmarse la baja de una junta de firmas digital que exigía su salida del cargo. La impulsora de la iniciativa, una joven de 21 años, tomó la determinación luego de recibir notificaciones de carácter extrajudicial enviadas por la representación legal de la secretaria de Estado. Las advertencias intimaban al cese de la colecta bajo apercibimiento de iniciar acciones por supuesta difamación e injuria.
Advertencias legales y cancelación de firmas
La recolección de firmas virtuales se alojaba en la plataforma Change.org bajo el lema de que la máxima autoridad juvenil no representaba las demandas del sector. Según los datos provistos por la propia organizadora, la petición había logrado sumar más de diez mil adhesiones de ciudadanos en pocos días. Sin embargo, la creadora del espacio comunicó públicamente que resolvió clausurar la campaña para evitar verse involucrada en litigios en los estrados judiciales.
De acuerdo con el relato de la afectada, la intimación remitida por el abogado defensor fijaba un plazo perentorio para remover el contenido de la web. Hasta el momento, ni la secretaria de Estado ni sus representantes legales han emitido declaraciones públicas para detallar los términos de dichas notificaciones. La medida generó repercusiones inmediatas entre diversos colectivos que cuestionan el uso de figuras penales frente al derecho ciudadano de expresar disconformidad hacia autoridades públicas.
Reorganización del Poder Ejecutivo y reclamos
Este conflicto se desató en medio de un escenario de profunda agitación institucional en el Gobierno nacional. Tras la destitución de Santiago Peña a raíz del escándalo financiero ligado a Ueno Bank, el presidente Pedro Alliana puso en marcha una reestructuración de su gabinete ministerial. En ese proceso de relevos y confirmaciones de cargos, distintos sectores juveniles buscaron visibilizar su malestar con la continuidad del equipo directivo de la cartera de Juventud.
La institución encargada de articular políticas de promoción e inserción para las nuevas generaciones atraviesa momentos de intenso escrutinio. Quienes impulsaban la junta de adhesiones señalaban disconformidad con el rumbo de los programas vigentes y con la asignación de recursos. Por su parte, la permanencia de la funcionaria se mantiene en discusión mientras el mandatario continúa delineando las designaciones en las diferentes secretarías y ministerios del Estado.
La polémica en torno a Salma Agüero y su patrimonio
A los cuestionamientos sobre su gestión se agregó recientemente la mención de la funcionaria en una causa penal de alta repercusión pública. En actas fiscales vinculadas al proceso por presunto enriquecimiento ilícito contra Eddie Jara, expresidente de Petróleos Paraguayos, consta la adquisición de un inmueble en San Bernardino en el año 2021. La compraventa de la propiedad se pactó por un monto cercano a los cuatrocientos cincuenta millones de guaraníes.
La transacción llamó la atención de los investigadores debido a que, en aquel período, la compradora contaba con veintiún años y declaraba un salario mensual aproximado de cuatro millones de guaraníes en una fundación. En ese marco, un cheque por casi ciento cincuenta y cinco millones de guaraníes fue cobrado por Karina Otazú, exesposa del extitular de la petrolera estatal, quien afronta cargos por presunto lavado de dinero.
Ante las dudas de la opinión pública, las explicaciones ofrecidas por Salma Agüero respecto a sus ingresos buscaron disipar las sospechas sobre la procedencia del dinero. La funcionaria aseguró que no desembolsó la suma al contado, sino que recurrió a una entrega inicial de cuarenta y cinco millones de guaraníes, seguida del cheque bancario y dieciocho cuotas mensuales. Asimismo, afirmó que administraba firmas e inmuebles familiares que le reportaban ganancias superiores a los cuarenta millones de guaraníes cada mes.
El Ministerio Público puntualizó que la causa penal investiga de manera exclusiva la conducta patrimonial de Jara, por lo que la secretaria de Estado únicamente declaró en calidad de testigo y no se encuentra imputada. Pese a ello, el contralor general Camilo Benítez confirmó la apertura de un examen de correspondencia para contrastar sus declaraciones juradas con sus bienes reales. Aunque el retiro de la petición que apuntaba a Salma Agüero no cerró el debate, las dudas en torno a su labor oficial continúan abiertas.
Datos clave
- Campaña desactivada: La junta de firmas que superó las diez mil adhesiones en Change.org fue dada de baja por su impulsora ante notificaciones de demandas judiciales.
- Reestructuración estatal: La petición cobró fuerza tras la salida de Santiago Peña y las designaciones de ministros encabezadas por Pedro Alliana.
- Inmueble bajo la lupa: La Contraloría inició un examen de correspondencia luego de que saliera a la luz la compra de una propiedad en San Bernardino ligada al caso Eddie Jara.
- Respaldo documental: La ministra sostuvo que la adquisición fue lícita mediante cuotas bancarias y con fondos provenientes de negocios familiares.
