El proyecto del MetroRiel en Guatemala dio un paso determinante tras la aprobación de su marco legal en el Congreso nacional. Con el respaldo de 134 legisladores mediante el Decreto 24-2026, el Legislativo facultó un esquema normativo específico para instaurar una red ferroviaria urbana en el área metropolitana. La decisión se produjo en una jornada caracterizada por la celeridad administrativa y marcadas disputas partidarias.
Régimen especial para el MetroRiel en Guatemala
El flamante decreto declara de utilidad pública y alto interés nacional el desarrollo del transporte ferroviario de personas. Para su ejecución, se encomendó a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala la gestión global del sistema, abarcando desde las etapas de diseño y planificación hasta la construcción y puesta en marcha. Asimismo, la normativa contempla que las futuras unidades de pasajeros convivan con el tráfico habitual de trenes de carga.
La institución ferroviaria estatal deberá coordinar sus labores con el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. A su vez, intervendrán las administraciones municipales dentro del trazado previsto, aunque la legislación omitió definir con exactitud cuáles serán los distritos comprendidos ni fijó una fecha precisa para el inicio de las obras.
El marco legal vincula este desarrollo con acuerdos de cooperación suscritos previamente con el Reino Unido para apuntalar la estructuración financiera y técnica. De acuerdo con estimaciones gubernamentales, el costo global podría superar los 900 millones de dólares, aunque la cifra definitiva no quedó fijada en el texto legal aprobado.
Excepción a la ley general de compras públicas
Uno de los ejes más controvertidos del plan para el MetroRiel en Guatemala reside en la exoneración de los procedimientos habituales de licitación. El articulado estipula que los contratos de infraestructura, suministros tecnológicos y servicios técnicos no se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado. En su lugar, el organismo podrá recurrir a estándares internacionales de contratación bajo modalidades estandarizadas de ingeniería.
Bajo este esquema, se contempla la contratación directa de un consorcio internacional que operará como oficina técnica asesora. Dicha estructura externa prestará auxilio en la formulación de las bases y transferirá capacidades al personal local, pero tendrá prohibido participar como oferente. Aunque el ente supervisor fiscalizará el proceso y los convenios deberán divulgarse públicamente, varios bloques expresaron su inquietud ante la falta de controles ordinarios.
Cuestionamientos de la oposición y pactos legislativos
El tratamiento del expediente generó inmediatos reclamos de diversas bancadas debido a la rapidez con la que se aprobó. La moción presentada por el oficialismo permitió prescindir de los tres debates regulares requeridos en un trámite ordinario. Dirigentes opositores sostuvieron que la propuesta ingresó a la orden del día con escasa antelación y sin permitir un análisis detallado de sus repercusiones financieras.
Diversas voces del Parlamento vincularon el avance de la iniciativa con la negociación de cargos dentro de la Junta Directiva legislativa. Según denuncias expuestas en el recinto, se habrían comprometido asignaciones presupuestarias para distritos a cambio de voluntades para la mesa directiva. Frente a estas acusaciones, los impulsores de la normativa defendieron el proyecto y argumentaron que el transporte metropolitano representa una solución postergada para miles de usuarios.
Datos clave
- Aprobación de urgencia: el Congreso aprobó el Decreto 24-2026 con 134 votos, exceptuando la discusión ordinaria de tres lecturas.
- Entidad ejecutora: la Empresa Ferrocarriles de Guatemala asumirá el diseño, construcción y operación del nuevo tendido ferroviario metropolitano.
- Régimen contractual: la normativa excluye la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y permite estándares internacionales de ingeniería.
- Inversión estimada: autoridades de Hacienda calculan que el costo total de la obra rondaría los 900 millones de dólares, vinculada a acuerdos con el Reino Unido.
- Denuncias políticas: bloques opositores acusaron al oficialismo de condicionar fondos distritales para asegurar votos en la Junta Directiva.
