El terremoto en Panamá movilizó nuevas determinaciones gubernamentales para acelerar la reconstrucción en las zonas perjudicadas por el sismo de magnitud 7.5 ocurrido semanas atrás. El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 147-26, una disposición que modifica el marco normativo anterior para canalizar con mayor dinamismo los recursos públicos destinados a asistir a las familias damnificadas y reparar infraestructuras críticas.
La decisión oficial busca adaptar el esquema operativo del fondo fiduciario constituido luego de la declaración de emergencia nacional dictada el 10 de octubre. A partir de este ajuste, las dependencias gubernamentales contarán con pautas más precisas para licitar obras urgentes y adquirir suministros indispensables en las provincias que sufrieron los mayores embates sísmicos.
Ajustes en la administración de los fondos tras el terremoto en Panamá
El cambio normativo faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a gestionar y autorizar el uso de las partidas presupuestarias reservadas para afrontar la contingencia. Mediante esta reorganización, el organismo coordinará los traslados presupuestarios que demanden las contrataciones especiales habilitadas bajo la Ley 22 de 2006, modificada por la Ley 153 de 2020.
La partida global asignada se mantiene fijada en 100.000.000 de dólares, monto que se ejecutará a través de un fideicomiso radicado en el Banco Nacional de Panamá. Este esquema financiero servirá para garantizar desembolsos de capital y cancelar compromisos económicos asumidos con los contratistas encargados de levantar nuevamente viviendas y reparar caminos.
Los fondos requeridos por los proyectos se cargarán a los presupuestos fiscales proyectados para 2026 y 2027. Con el objetivo de preservar la transparencia de las transacciones, la normativa ratifica que cada orden de pago deberá contar con el refrendo previo de la Contraloría General de la República antes de su transferencia definitiva.
Las secuelas del movimiento sísmico en las provincias centrales
El impacto destructivo originado por el terremoto en Panamá dejó cientos de hogares completamente inhabitables en varias regiones del interior del territorio nacional. Los informes técnicos indican que los daños más severos se concentraron en las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos, punto geográfico donde se ubicó el epicentro telúrico.
Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil continúan desplegados sobre el terreno para reforzar campamentos temporales y asegurar las tiendas de campaña levantadas para alojar a los evacuados. Estas medidas de contingencia resultan urgentes debido a las intensas precipitaciones fluviales que azotan periódicamente las comunidades damnificadas, complicando las labores humanitarias.
Las autoridades recalcaron el carácter estrictamente temporal del fideicomiso, el cual funcionará únicamente mientras rija el estado de emergencia oficial. Al finalizar las tareas reconstructivas y canceladas todas las deudas con los proveedores adjudicados, el dinero remanente será reintegrado de forma directa a la cuenta del Tesoro Nacional.
Respuestas oficiales ante la crisis y reconstrucción comunitaria
La adopción de este instrumento financiero responde a la urgencia de evitar dilaciones burocráticas en la entrega de subsidios, materiales y obras viales de emergencia. La magnitud de la devastación exigió un procedimiento de contrataciones abreviado para evitar que los damnificados queden desamparados frente al rigor climático.
Con las nuevas reglas de juego, los ministerios panameños prevén licitar con celeridad la remoción de escombros y la reconstrucción habitacional definitiva. La fiscalización conjunta entre las carteras económicas y los entes de control garantizará que el gasto público atienda exclusivamente el bienestar de las comunidades afectadas por el evento natural.
Datos clave
- El terremoto en Panamá de magnitud 7.5 azotó con epicentro en la región central del país, dañando severamente cuatro provincias.
- El Consejo de Gabinete modificó la resolución original para habilitar al Ministerio de Economía y Finanzas a manejar el fondo fiduciario.
- El fondo asignado asciende a 100.000.000 de dólares depositados en el Banco Nacional de Panamá para costear contrataciones especiales.
- La Contraloría General deberá refrendar previamente cada desembolso destinado a cubrir obras, bienes y servicios de reconstrucción.
