La justicia hondureña determinó otorgar el sobreseimiento definitivo a tres agentes de la DAET procesados penalmente por presuntas infracciones vinculadas al narcotráfico. La medida judicial dispuso la inmediata excarcelación de los uniformados y dejó sin efecto las disposiciones cautelares previas que pesaban sobre ellos. La resolución provino del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Los funcionarios favorecidos por esta resolución judicial son Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Deyvin Nayín Licona Santos y Franklin Ismael Gómez Bautista. Todos ellos permanecían bajo detención judicial preventiva mientras se sustanciaba la etapa inicial del proceso acusatorio. Asimismo, la sede judicial extinguió las acusaciones que pesaban de forma puntual sobre Rodríguez Fuentes por la supuesta tenencia ilegal de municiones prohibidas.
El fallo judicial favorable a los agentes de la DAET
El dictamen judicial pone un punto final al trámite procesal respecto a las imputaciones presentadas contra los uniformados en este expediente. Con base en este pronunciamiento, el juzgado libró las comunicaciones de rigor a las autoridades penitenciarias para asegurar la liberación inmediata de los tres procesados. El cese de la detención preventiva rige siempre que los involucrados no cuenten con otras causas penales activas.
Aunque la parte resolutiva determinó la libertad plena de los procesados, el texto legal difundido no desglosa la totalidad de las valoraciones probatorias asumidas por el magistrado. Por esta razón, el dictamen procesal no califica las imputaciones como falsas ni decreta la inexistencia fáctica de los sucesos denunciados. La resolución se concentra en extinguir formalmente la responsabilidad de los encausados dentro de los márgenes establecidos por la legislación.
Los antecedentes del allanamiento y las imputaciones
El origen de las diligencias penales se remonta a un procedimiento de allanamiento desarrollado en el sector residencial de Villas Mackey, localizado en San Pedro Sula. Durante la intervención en el inmueble, los investigadores informaron sobre la localización de supuestas sustancias estupefacientes en diversos envoltorios. Entre los elementos incautados figuraban 114 paquetes con supuesta marihuana, 65 dosis de presunta cocaína y diversas porciones atribuibles a crack.
A partir de aquel procedimiento, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado formalizó el requerimiento fiscal contra los agentes de la DAET bajo la acusación de tráfico ilícito agravado de estupefacientes. El Ministerio Público hondureño incorporó 24 medios de prueba durante la audiencia inicial para sustentar su planteamiento judicial. Entre los indicios recopilados se incluyeron análisis periciales químicos, actas de incautación, revisiones forenses de cámaras de seguridad y testimonios protegidos.
El Ministerio Público también formuló acusaciones complementarias sobre una eventual obstrucción a la labor de investigación. Según la hipótesis fiscal, los intervinientes habrían sustraído un dispositivo de grabación de seguridad de una propiedad cercana para alterar las evidencias visuales. De forma simultánea, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales inició un sumario administrativo con el objetivo de determinar si los uniformados incurrieron en faltas internas graves durante el procedimiento.
El rol de la unidad policial y el debido proceso
Este proceso judicial generó una amplia repercusión institucional en Honduras debido al perfil de la dependencia a la que pertenecen los procesados. La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas representa una rama operativa clave dentro del esquema de la Policía Nacional destinada a desarticular redes delictivas complejas. Por esa razón, las imputaciones motivaron declaraciones de las autoridades de seguridad, quienes aseguraron una colaboración activa con el sistema judicial.
Los alcances de esta determinación jurídica reflejan los rigurosos estándares que exige el sistema procesal penal al valorar la cadena de custodia y las pruebas acusatorias. La coordinación técnica entre las dependencias policiales y los órganos fiscales constituye un requisito indispensable para respaldar imputaciones de alta complejidad. El sobreseimiento concedido a los agentes de la DAET evidencia la necesidad de un control judicial riguroso sobre las acusaciones fiscales.
Datos clave
- Resolución judicial favorable: El Juzgado Penal con Competencia Nacional decretó el sobreseimiento definitivo y la inmediata libertad de los tres funcionarios policiales procesados.
- Cargos desestimados: Los uniformados enfrentaban acusaciones por presunto tráfico ilícito de drogas agravado y tenencia no autorizada de municiones tras un operativo en San Pedro Sula.
- Elementos probatorios: El Ministerio Público expuso 24 medios probatorios durante la audiencia, incluyendo pruebas periciales de laboratorio, actas de comiso y declaraciones de testigos.
- Investigación administrativa: La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales mantiene indagaciones de carácter interno para esclarecer eventuales faltas en el manejo de evidencias.
