El debate legislativo en Paraguay suma una nueva propuesta para penalizar de forma directa el matrimonio con menores en todo el territorio nacional. La iniciativa fue presentada por el diputado colorado Daniel Centurión ante la Cámara Baja con el fin de castigar a quienes participen deliberadamente en estas uniones prohibidas. La medida complementa los esfuerzos por proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes en el país.
Sanciones previstas ante el matrimonio con menores
El documento legislativo plantea incorporar el artículo 224 bis a la Ley 1160/1997 del Código Penal paraguayo. A través de este nuevo tipo penal, se busca establecer responsabilidades diferenciadas según el nivel de intervención que haya tenido cada individuo en el acto conyugal ilegal.
De acuerdo con el texto propuesto, los adultos que contraigan nupcias sabiendo que la otra parte no ha cumplido 18 años recibirán condenas de hasta tres años de prisión o multas. Esta misma escala penal alcanzará a progenitores, tutores o encargados del cuidado que organicen o faciliten activamente la boda prohibida.
Por su parte, los castigos más severos están dirigidos a los funcionarios públicos que autoricen estas ceremonias. En caso de que se demuestre una actuación intencional con pleno conocimiento de la irregularidad, el funcionario enfrentará penas de hasta cinco años de penitenciaría en el marco del sistema judicial.
Exclusiones, agravantes y garantías procesales
El proyecto determina que las penas podrán incrementarse hasta en un 50 % cuando se emplee violencia, coacción o amenazas graves para concretar el enlace. Dicho agravante recaerá exclusivamente sobre quienes hayan ejecutado directamente las presiones indebidas o participado de manera consciente en estos actos delictivos.
En contrapartida, la propuesta legislativa blinda a las víctimas de cualquier persecución estatal. El articulado deja en claro que las personas menores de edad jamás serán responsabilizadas penalmente por consentir o asistir a estas ceremonias, reconociendo su condición de sujetos de protección especial.
Asimismo, el documento excluye de toda sanción penal situaciones de convivencia, noviazgo sentimental, embarazos o la simple presencia familiar en eventos sociales. La norma aclara que no habrá castigo sin una intención deliberada ni cuando medien equivocaciones administrativas o negligencias involuntarias cometidas durante las gestiones del trámite.
Coordinación con la reforma del Código Civil
Esta iniciativa penal guarda estrecha relación con un proyecto previo que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Dicho texto plantea modificar el artículo 17 del Código Civil paraguayo para suprimir todas las excepciones legales vigentes que hoy permiten casarse antes de cumplir la mayoría de edad.
Bajo el esquema actual, todavía existen resquicios que admiten el enlace con anuencia de tutores o permisos especiales. Si el Congreso aprueba la prohibición civil total, quienes promuevan o celebren un matrimonio con menores deberán enfrentar un proceso penal ante los tribunales correspondientes del Ministerio Público.
El proyectista Daniel Centurión argumentó que el Estado paraguayo tiene el deber constitucional de frenar la vulneración de los derechos infantiles. Los esfuerzos normativos apuntan a erradicar definitivamente la práctica del matrimonio con menores en el país, ajustando los estándares jurídicos locales a los tratados internacionales vigentes.
El proyecto deberá ser girado a las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados para su correspondiente dictamen técnico. Una vez que las bancadas emitan sus conclusiones reglamentarias, el pleno definirá la viabilidad de incorporar este delito al ordenamiento legal.
Datos clave
- Penas de prisión: El proyecto plantea hasta cinco años de cárcel para funcionarios públicos y hasta tres años para adultos contrayentes y facilitadores.
- Protección a menores: Quienes tengan menos de 18 años quedan completamente exentos de responsabilidad penal ante cualquier unión conyugal.
- Agravantes severos: Las sanciones podrán elevarse hasta un 50 % si se comprueba el uso de violencia, coacción o amenazas para celebrar el enlace.
- Reforma integral: La propuesta acompaña el cambio del Código Civil que busca clausurar todas las excepciones al casamiento antes de la mayoría de edad.
