El debate parlamentario sobre la ley de conflicto de intereses cobra nuevo impulso en el Congreso Nacional tras las repercusiones institucionales del caso Ueno Bank. La senadora opositora Esperanza Martínez anunció que presentará un proyecto de ley para restituir las disposiciones preventivas que fueron suprimidas a finales de 2023 por la mayoría cartista. La iniciativa cuenta con el respaldo inicial de legisladores de diferentes sectores de la oposición y de la disidencia colorada en Asunción.
Los alcances de la ley de conflicto de intereses y sus cambios
El marco original que regulaba el paso de las autoridades entre el sector público y el privado surgió con la Ley N.º 7089, promulgada durante la presidencia de Mario Abdo Benítez. Aquel texto fijaba límites y mecanismos de supervisión para frenar el fenómeno conocido como puertas giratorias. No obstante, la aprobación de la Ley N.º 7236 en diciembre de 2023 recortó varios de esos candados legales.
Entre los puntos suprimidos en la reforma oficialista figuraba el artículo 24, el cual impedía por un año que exfuncionarios representaran a empresas privadas o actuaran como accionistas en rubros que habían regulado. También se eliminó el artículo 26, que obligaba a la Contraloría General de la República a emitir un dictamen preventivo antes de la designación de ministros y viceministros. A su vez, se flexibilizaron las exigencias informativas sobre el patrimonio y las actividades de los grupos familiares de las autoridades.
El impacto institucional del caso Ueno y los procesamientos
La propuesta legislativa pretende revisar los efectos que tuvo la flexibilización de la ley de conflicto de intereses aprobada en el Congreso a finales de 2023. La necesidad de restablecer estas restricciones surge tras el colapso financiero de Ueno Bank y la destitución del expresidente Santiago Peña mediante juicio político. La Fiscalía imputó a Peña por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, disponiendo la Justicia su prisión preventiva.
Las investigaciones del Ministerio Público examinan la concentración de depósitos de instituciones públicas en la citada entidad bancaria. Entre los entes afectados figuran el Instituto de Previsión Social, la Administración Nacional de Electricidad, Petróleos Paraguayos, Itaipú Binacional y el Ministerio de Economía y Finanzas. Las pesquisas buscan determinar si se favoreció al banco mientras este otorgaba créditos a firmas ligadas a su grupo económico.
Antecedentes financieros y el debate legislativo en marcha
La discusión también pone la mirada sobre Carlos Carvallo, extitular del Banco Central del Paraguay, quien presidió la financiera antes de liderar el ente regulador. El exfuncionario enfrenta imputaciones fiscales por supuesta lesión de confianza y producción de documentos públicos falsificados. Por su parte, la diputada Johanna Ortega anticipó que defenderá el proyecto en la Cámara Baja, mientras que la senadora Lilian Samaniego ya había planteado revisar la norma.
Con esta modificación, se busca devolverle a la ley de conflicto de intereses las herramientas preventivas originales que fueron suprimidas. La senadora Esperanza Martínez confía en que los recientes acontecimientos permitirán construir una mayoría parlamentaria suficiente. El texto legislativo será ingresado formalmente en los próximos días para su estudio en las comisiones asesoras de la Cámara Alta.
Datos clave
- Impulso de reforma: La senadora Esperanza Martínez presentará un proyecto para restituir controles eliminados en 2023.
- Normas involucradas: El plan apunta a modificar la Ley N.º 7236 para recuperar las exigencias de la anterior Ley N.º 7089 de puertas giratorias.
- Artículos eliminados: La normativa previa vetaba el paso directo a firmas reguladas durante un año y exigía exámenes previos de la Contraloría.
- Contexto judicial: El debate se reabre tras el colapso de Ueno Bank y la imputación del expresidente Santiago Peña y el extitular del BCP Carlos Carvallo.
