Los juzgados especializados serán objeto de análisis parlamentario este miércoles en la Cámara de Senadores de Paraguay. La iniciativa legislativa propone instaurar tribunales y dependencias con competencia exclusiva para abordar situaciones de violencia de género, a raíz de un escenario alarmante que constata 130 víctimas fatales entre enero de 2023 y octubre de 2026 en todo el territorio nacional.
El estudio del texto se encuentra previsto para el inicio de la sesión ordinaria matutina, sujeto a los dictámenes previos de las comisiones asesoras. Esta propuesta busca dotar al Poder Judicial de herramientas operativas inmediatas para proteger a víctimas de violencia familiar, feminicidio y abusos sexuales.
El debate legislativo sobre los juzgados especializados
El proyecto legislativo retoma un camino institucional complejo luego de haber enfrentado el veto del Poder Ejecutivo durante el año 2025. En aquella oportunidad, las modificaciones parlamentarias desvirtuaron la esencia original de la normativa, lo que dificultó su puesta en práctica en las circunscripciones previstas.
La senadora Lilian Samaniego, quien encabeza la propuesta junto a los legisladores Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Juan Afara y Arnaldo Samaniego, remarcó la urgencia de reconsiderar las posturas adversas. La parlamentaria recordó que en 2024 existía un esquema consensuado para habilitar cinco juzgados distribuidos en Central, Alto Paraná y Asunción, por ser los departamentos con mayor flujo de denuncias penales.
Implementación por fases y presupuesto de los nuevos órganos
La nueva redacción plantea un despliegue gradual de los juzgados especializados, subordinado a la disponibilidad fiscal que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas en ejercicios futuros. La meta global estipula una cobertura completa en cabeceras departamentales en un plazo de siete años.
La fase inicial contempla la conformación de tres juzgados en Asunción, cuatro en Central y uno en Alto Paraná. A la par, el plan incorpora tribunales de Sentencia, dependencias de Ejecución y tribunales de Apelación, con proyecciones de expansión hacia ciudades como Encarnación, Villarrica, Concepción, Coronel Oviedo y Pedro Juan Caballero entre 2027 y 2029.
Los magistrados que asuman funciones en estos despachos tendrán la potestad legal de dictar medidas de protección urgentes de carácter patrimonial, físico y psicológico. Además, el proyecto exige que los postulantes certifiquen un mínimo de 120 horas lectivas en derechos humanos, sumado a equipos multidisciplinarios fijos de psicología y trabajo social.
El contexto de crímenes que impulsa la reforma judicial
Las cifras difundidas por el Ministerio Público sustentan la presión social y política para la aprobación de la normativa. Durante el período evaluado, el promedio oficial revela que una mujer pierde la vida cada 11 días en el país debido a ataques motivados por cuestiones de género.
En lo que va de 2026, los registros fiscales certificaron 20 feminicidios consumados y 28 tentativas. El departamento Central encabeza la nómina de hechos violentos al concentrar 12 de los homicidios, equivalente al 60% del total nacional. Estos ataques dejaron además a 36 huérfanos, la mayoría menores de edad, y evidencian que los principales agresores pertenecían al círculo íntimo de convivencia familiar.
Datos clave
- 130 víctimas de feminicidio reportó el Ministerio Público paraguayo desde enero de 2023 hasta octubre de 2026.
- Distribución inicial: la ley proyecta tres juzgados especializados en Asunción, cuatro en Central y uno en Alto Paraná.
- Plazo de siete años: tiempo máximo fijado para extender los tribunales temáticos a las demás cabeceras del interior.
- Requisitos de formación: magistrados deberán cursar al menos 120 horas de capacitación técnica sobre violencia hacia mujeres.
- Veto anterior: el Ejecutivo frenó una propuesta análoga en 2025 debido a cambios que dificultaban su ejecución.
