El juicio político a Rolón ingresó en una fase de prudente observación en el Congreso de Paraguay tras las expresiones del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. El legislador oficialista manifestó este martes en Asunción que el cuerpo legislativo analizará la situación únicamente cuando se concrete la presentación formal del libelo acusatorio contra el titular del Ministerio Público.
El debate sobre el juicio político a Rolón en el Congreso
Latorre remarcó que las conversaciones institucionales en la Cámara Baja no abarcan únicamente al máximo responsable de la Fiscalía. Explicó que en los pasillos parlamentarios también se mencionan posibles cuestionamientos hacia la labor del contralor general, Camilo Benítez, y del subcontralor, Armindo Torres.
El legislador insistió en que toda propuesta acusatoria recibirá una evaluación exhaustiva y objetiva. Según señaló, el estudio de cada expediente se llevará a cabo con idéntico rigor al aplicado en procesos anteriores dentro del Parlamento paraguayo, a partir de las pruebas documentales que arrimen los sectores promotores.
Cautela política ante los cuestionamientos a la Fiscalía
Al ser consultado sobre si mantiene su respaldo a la máxima autoridad fiscal, el presidente legislativo evitó comprometer un apoyo irrestricto. Su respuesta se centró en la necesidad de esperar información documentada y sostener una postura informada antes de fijar cualquier criterio definitivo sobre el juicio político a Rolón.
Esta postura mesurada coincide con las críticas que diversos sectores lanzaron sobre la actuación del Ministerio Público en el caso Ueno Bank. Diferentes actores políticos reprochan presuntas demoras procesales y supuestos errores en las pesquisas vinculadas a la causa, incluyendo allanamientos que se habrían concretado días después de hechos determinantes.
Responsabilidades sobre fondos públicos y cambios en el Ejecutivo
El parlamentario también fue abordado respecto a la colocación de recursos estatales en entidades financieras por parte de instituciones como el Instituto de Previsión Social, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la Entidad Binacional Itaipú. Sobre este punto, evitó exigir remociones directas de los directores de dichas entidades descentralizadas.
Latorre afirmó que las determinaciones sobre el gabinete corresponden con exclusividad a las atribuciones que la Carta Magna confiere al presidente Pedro Alliana. De acuerdo con el titular de la Cámara Baja, el nombramiento y la remoción de funcionarios en la administración central constituyen facultades constitucionales que no pueden delegarse ni forzarse desde otros poderes.
El avance del libelo acusatorio desde la oposición
Entretanto, bancadas de la oposición continúan con la redacción de los argumentos que fundamentarán el pedido de juicio político a Rolón ante el pleno. Los proyectistas sostienen que existió una supuesta inacción prolongada respecto a denuncias que involucraban a figuras de primera línea del Ejecutivo antes de su salida del poder.
Entre los señalamientos de los impulsores figuran demoras en el aseguramiento de evidencias telefónicas y registros domiciliarios en San Bernardino. Los parlamentarios opositores prevén completar la presentación formal en las próximas semanas para iniciar el procedimiento constitucional de acusación en la Cámara de Diputados.
Datos clave
- Raúl Latorre confirmó que la Cámara de Diputados evaluará cualquier acusación una vez que ingrese formalmente por mesa de entrada.
- Emiliano Rolón, titular del Ministerio Público, enfrenta cuestionamientos opositores centrados en su desempeño investigativo en la causa Ueno Bank.
- Fondos públicos colocados por entes como IPS, Conatel e Itaipú en el sistema bancario quedaron en el centro del debate político.
- Facultades ejecutivas fueron ratificadas por el titular legislativo al señalar que la remoción de administradores depende exclusivamente del presidente de la República.
