El pedido de juicio político a Emiliano Rolón cobró fuerza este miércoles en la Cámara de Diputados de Paraguay tras acusaciones formales de inacción investigativa. Los legisladores de la oposición señalaron que el titular del Ministerio Público incurrió en un presunto encubrimiento en las indagaciones sobre el patrimonio del exmandatario Santiago Peña y sus vínculos financieros. La presentación de causales fue expuesta durante la sesión ordinaria en Asunción por referentes parlamentarios.
Durante su alocución, el diputado independiente Raúl Benítez afirmó que la máxima autoridad fiscal demostró una conducta pasiva frente a denuncias que llevan más de un año sin avances sustanciales. Según el legislador, la institución fiscal retrasó medidas cautelares clave como la incautación de dispositivos y el bloqueo de activos de personas bajo sospecha. Esta situación derivó en la preparación de un documento acusatorio formal contra el funcionario judicial.
Argumentos para el juicio político a Emiliano Rolón
El planteamiento para impulsar el juicio político a Emiliano Rolón se sustenta en la demora de 379 días para abrir una carpeta fiscal tras la denuncia ingresada en octubre de 2025. Los parlamentarios cuestionaron que, a pesar de los elementos entregados sobre un presunto incremento patrimonial superior al mil seiscientos por ciento, no se ordenaron diligencias inmediatas. Entre los puntos no profundizados citaron la existencia de una bóveda en una residencia de San Bernardino y operaciones vinculadas al sector bancario.
Asimismo, los denunciantes recordaron que el propio fiscal general reconoció públicamente demoras en la incautación de evidencias telefónicas debido al volumen documental. Para el sector acusador, delegar las pericias de correspondencia patrimonial a la Contraloría General de la República constituyó una evasión de responsabilidades penales. Por estos motivos, los congresistas sostienen que existió una omisión sistemática en la recolección de indicios procesales.
Funcionamiento del juicio político en la legislación paraguaya
El procedimiento de remoción de altas autoridades se rige por el artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay. Este mecanismo establece que la Cámara de Diputados actúa como órgano acusador al formular el libelo de juicio político a Emiliano Rolón mediante mayoría de dos tercios de sus miembros. De aprobarse las acusaciones, el Senado se constituye en tribunal juzgador para determinar la destitución o absolución.
El fiscal general del Estado cumple la función constitucional de representar a la sociedad y dirigir la acción penal pública con autonomía funcional. La falta de diligencia o el mal desempeño en causas de presunta corrupción pública constituyen causales explícitas previstas en la Carta Magna. En este contexto, las bancadas opositoras buscan sumar los votos requeridos para someter el caso a debate formal en el plenario legislativo.
Pedido de informes sobre fondos estatales
En forma paralela al proceso acusatorio, los diputados Raúl Benítez y Johanna Ortega solicitaron la presencia urgente del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera. El requerimiento formal remitido a la presidencia de la Cámara Baja busca esclarecer el destino y el nivel de riesgo de los recursos públicos administrados en entidades financieras vinculadas a la causa. La intención legislativa apunta a resguardar los fondos del tesoro nacional ante eventuales contingencias.
Los legisladores remarcaron que el Congreso Nacional debe ejercer su función constitucional de contralor económico con datos precisos de las autoridades financieras. La inquietud se centra en la cuantía del dinero estatal que pudiera verse comprometido en el esquema investigado. El cuerpo colegiado evaluará en los próximos días la citación al titular de la cartera económica.
Datos clave
- El diputado Raúl Benítez solicitó formalmente la destitución del fiscal general por presunto encubrimiento de irregularidades patrimoniales.
- La denuncia penal previa tardó 379 días en generar una apertura formal de causa dentro del Ministerio Público.
- Un eventual libelo acusatorio requerirá la aprobación de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados para llegar al Senado.
- La convocatoria al ministro de Economía fue requerida formalmente para informar sobre la seguridad de los fondos públicos.
