La medida judicial que blindó el patrimonio societario de los familiares de Santiago Peña fue justificada recientemente por el magistrado a cargo del fallo. El juez Diego Torres argumentó que el comunicador solicitante carecía de legitimación legal para acceder a los registros empresariales depositados en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La resolución judicial se mantiene vigente tras no haber sido recurrida en su momento por las autoridades ministeriales.
Origen del amparo y fundamentación jurídica
El litigio comenzó luego de un requerimiento presentado por el comunicador Hugo Javier Portillo ante el Ministerio de Economía y Finanzas en septiembre de 2025. El peticionante pretendía obtener detalles relativos a sociedades mercantiles donde constaran allegados del exmandatario como accionistas, directores, apoderados o administradores. Ante esta solicitud, la defensa de los afectados recurrió a la justicia ordinaria mediante una acción de amparo en noviembre del mismo año.
Al tramitar la causa, los accionantes fundamentaron que una eventual entrega vulneraría el derecho constitucional a la intimidad y la protección de su patrimonio documental. El juez Torres resolvió a favor del reclamo basándose en el artículo 11 de la Ley 6.446/2019, normativa que regula los registros de personas jurídicas y beneficiarios finales. Desde su perspectiva jurídica, el texto legal restringe el acceso y no autorizaba la entrega directa solicitada por el comunicador.
No obstante, se conoció que antecedentes similares ya contaban con divulgación previa dentro del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública. Dicha situación no formó parte del expediente examinado inicialmente por el juzgado. Asimismo, el magistrado recordó que la cartera de Estado encargada de los registros no presentó ninguna apelación contra la sentencia emitida.
Debate sobre beneficiarios finales y los familiares de Santiago Peña
Diversos cuestionamientos jurídicos apuntaron a que las personas amparadas encajan en la categoría de personas expuestas políticamente, una condición sujeta a mayor control institucional. El magistrado rechazó haber desconocido la normativa de acceso a la información pública, sosteniendo que la ley específica no dejaba margen de duda procesal. A su criterio, la legislación vigente delimita expresamente qué órganos de investigación estatal están autorizados a pedir estos antecedentes societarios.
Por otra parte, Torres reveló que la protección a los familiares de Santiago Peña no constituye un caso aislado en los tribunales del país. Otros actores políticos también obtuvieron fallos favorables mediante amparos para impedir la publicación de determinados registros y documentos bajo custodia estatal. Sin embargo, el juez evitó profundizar en la identidad de los beneficiarios de dichas resoluciones complementarias dictadas con anterioridad.
Posibilidad de reapertura y nuevo escenario judicial
El magistrado consideró que, ante el escenario actual marcado por la causa de Ueno Bank y la imputación del exjefe de Estado, el enfoque procesal requeriría mayor apertura para despejar dudas públicas. Torres admitió que, si tuviera que analizar el caso bajo la coyuntura del 5 de noviembre de 2026, buscaría citar a partes legitimadas para habilitar la transparencia de los informes.
Aunque revocar la resolución por cuenta propia resulta procesalmente complejo, el juzgador afirmó que no se cierra a ninguna alternativa si intervienen instituciones competentes como la Procuraduría General. Desde su perspectiva, el Derecho debe acompasarse con la lógica y la coyuntura para brindar respuestas coherentes a la ciudadanía. Concluyó que su decisión original fue adecuada para el momento procesal en que fue dictada.
Datos clave
- El juez Diego Torres defendió su resolución al considerar que el solicitante no tenía legitimación bajo la Ley 6.446/2019.
- El Ministerio de Economía y Finanzas decidió no apelar la sentencia judicial que bloqueó la entrega de documentos en 2025.
- La resolución amparó a parientes del exmandatario y de Leticia Ocampos frente a pedidos sobre sus empresas y sociedades.
- El magistrado admitió que hoy buscaría vías procesales para transparentar los datos si interviene la Procuraduría u otra parte legitimada.
