Varios familiares de Santiago Peña promovieron una acción judicial ante los tribunales de Asunción para impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas entregara documentos sobre sus firmas comerciales. La medida cautelar fue admitida por un juzgado de primera instancia en noviembre de 2025, tras una petición ciudadana de acceso a la información pública. La resolución ordenó a la cartera estatal resguardar los registros societarios del círculo cercano del exmandatario.
El requerimiento original fue formulado por el comunicador Hugo Javier Portillo en septiembre de 2025. El solicitante pretendía conocer qué parientes del entonces jefe de Estado figuraban como accionistas, directivos, fundadores o apoderados en empresas registradas en territorio paraguayo. Ante esta solicitud, la representación legal de los afectados alegó que existía un riesgo inminente de vulneración a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental.
El amparo constitucional y el alcance del fallo judicial
El trámite judicial fue impulsado por la abogada Jazmín Garcete Cantero a finales de octubre de 2025. Entre los amparistas figuraban la entonces primera dama Leticia Ocampos, sus padres Carlos Antonio Ocampos Zelada y María Teresa Villate Garcete, además de sus hermanos Carlos y Adriana Ocampos Villate. Asimismo, se sumaron a la demanda los padres del expresidente, Ana María Palacios y José Cayetano Peña Nieto.
La nómina de accionantes también incluyó al hijo del exmandatario, Gonzalo Peña Ocampos, y a su nuera Serenella Argaña Scavone. De igual modo, firmaron la petición los hermanos del exgobernante, Manuel y Francisco Peña Palacios, junto a Claudia Verónica Gómez Abente y Rocío Caballero Bosch. Todos ellos manifestaron su rechazo a que el Ministerio de Economía y Finanzas difundiera informes administrativos referentes a su participación en el sector privado.
El juez Diego Alejandro Torres resolvió hacer lugar al amparo basándose en los términos de la Ley N° 6446/2019. Dicha normativa regula el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de Beneficiarios Finales. Según el magistrado, esos datos poseen carácter reservado y no pueden ser catalogados como información pública ordinaria, limitándose su consulta exclusiva a organismos fiscales, judiciales, tributarios o de supervisión financiera.
Las empresas de los familiares de Santiago Peña y las normas vigentes
De acuerdo con los antecedentes, los familiares de Santiago Peña sostuvieron ante el juzgado que las dependencias gubernamentales debían custodiar estrictamente sus legajos patrimoniales. No obstante, la controversia jurídica tomó un giro inesperado debido a actuaciones administrativas previas de la propia entidad ministerial, según revelaron profesionales del derecho.
El abogado Ezequiel Santagada advirtió a través de sus canales digitales que el Ministerio de Economía y Finanzas ya había proporcionado esa misma información con anterioridad. El profesional explicó que una solicitud ciudadana previa había recibido respuesta oficial favorable y que las planillas con las firmas mercantiles ya estaban disponibles en el portal de acceso público antes de dictarse el fallo judicial restrictivo.
Santagada señaló que los datos revelados exponen estructuras comerciales que podrían ser de utilidad para el Ministerio Público en el marco de medidas cautelares preventivas. En sus declaraciones públicas, mencionó que determinadas sociedades vinculadas a este entorno habrían recibido créditos financieros de entidades bancarias bajo intervención y contratos con instituciones del Estado paraguayo.
Consecuencias políticas e investigación penal abierta
El litigio impulsado por los familiares de Santiago Peña adquirió mayor relevancia tras los acontecimientos políticos que derivaron en la salida del mandatario. El Congreso Nacional destituyó a Peña mediante un juicio político fundamentado en la crisis financiera provocada por la caída de Ueno Bank y las empresas matrices de su grupo económico.
El Banco Central del Paraguay intervino la referida entidad bancaria tras constatar problemas graves de solvencia vinculados al otorgamiento de préstamos a firmas de su propio conglomerado. Con posterioridad a su destitución, el Ministerio Público formuló una imputación contra el expresidente por la presunta comisión de lesión de confianza y administración en beneficio propio, causas que siguen abiertas en la Justicia.
Datos clave
- Amparo concedido: Un juzgado prohibió al Ministerio de Economía y Finanzas entregar informes comerciales sobre el entorno familiar del expresidente.
- Divulgación previa: Documentos oficiales demuestran que las planillas sobre las empresas ya habían sido liberadas días antes mediante el portal de acceso a la información.
- Leyes invocadas: El fallo se sustentó en la Ley N° 6446/2019 sobre beneficiarios finales para declarar reservada la información patrimonial solicitada.
- Investigaciones en curso: La Fiscalía investiga presuntos hechos punibles tras la quiebra bancaria que derivó en la salida anticipada del exmandatario.
