Tres parlamentarios presentaron una solicitud formal para indagar a la familia de Santiago Peña en el marco de las pesquisas sobre presuntas anomalías financieras en el sistema bancario. Los legisladores de la bancada de Cruzada Nacional recurrieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos para pedir la inclusión de la ex primera dama y otros doce parientes cercanos. La acción judicial fue radicada formalmente en Asunción ante sospechas de maniobras de encubrimiento.
Alcance del pedido ante Delitos Económicos
La presentación fue encabezada por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe dentro de la carpeta penal caratulada bajo el número 92/2026. Este expediente analiza supuestas irregularidades cometidas en la administración y operaciones vinculadas con Ueno Bank, Ueno Holding y las firmas que integran el Grupo Vázquez.
El requerimiento legislativo individualiza a Leticia Ocampos de Peña y a doce allegados directos bajo la presunción de haber incurrido en frustración de la persecución penal. Entre los parientes señalados se encuentran los suegros del exmandatario, Carlos Antonio Ocampos Zelada y María Teresa Villate Garcete, además de sus cuñados Carlos y Adriana Ocampos Villate.
La nómina remitida al Ministerio Público también abarca a los progenitores del exgobernante, Ana Palacios de Peña y José Cayetano Peña Nieto. Del mismo modo, el escrito procesal menciona a su hijo Gonzalo Peña Ocampos, su nuera Serenella Argaña Scavone, sus hermanos Manuel y Francisco Peña Palacios, y las cónyuges de estos últimos.
La familia de Santiago Peña y las medidas judiciales
El planteamiento de los congresistas toma como punto de partida una garantía constitucional concedida a finales de 2025 por el magistrado Diego Alejandro Torres Sandoval. Dicha resolución judicial hizo lugar a un amparo que restringió la entrega pública de informes confidenciales resguardados en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas.
Los denunciantes afirmaron que esta disposición jurídica obstaculizó el acceso a documentos clave para verificar el patrimonio de los involucrados. De acuerdo con los senadores, la maniobra legal habría servido para resguardar información crucial sobre la familia de Santiago Peña y su eventual participación en operaciones corporativas con entidades bajo sospecha penal.
Para los legisladores, la vía judicial pudo haber sido instrumentalizada con el fin de evitar un escrutinio minucioso sobre movimientos de fondos. Por tal motivo, los denunciantes requirieron al órgano acusador que analice si la interposición de dicho amparo configuró una conducta orientada a frenar el avance de la justicia.
Vínculos financieros bajo la lupa fiscal
El reclamo legislativo enfatiza que el expresidente integró el paquete accionario del conglomerado ligado a Ueno Bank hasta marzo de 2025. Los parlamentarios consideran imperioso indagar si la familia de Santiago Peña mantuvo tratos comerciales o transacciones financieras con la entidad mientras se realizaban masivas colocaciones de fondos estatales y previsionales.
Como medidas preventivas, la bancada solicitante pidió que la fiscalía ordene el resguardo inmediato de archivos digitales, cruces de llamadas y correos electrónicos pertinentes. Asimismo, plantearon evaluar restricciones de salida del territorio paraguayo e interdicciones bancarias temporales para los ciudadanos individualizados en el documento penal.
El Ministerio Público aclaró que las personas citadas no cuentan con imputación formal ni condena en esta etapa preliminar. Las autoridades fiscales deberán determinar en los próximos días si las pruebas documentales arrimadas ameritan la apertura formal de una línea de investigación hacia el entorno familiar.
Datos clave
- Denuncia penal: Tres senadores de Cruzada Nacional pidieron investigar a trece parientes del expresidente Santiago Peña.
- Causa investigada: El caso guarda relación con presuntas irregularidades financieras vinculadas a la firma bancaria Ueno Bank y empresas asociadas.
- Figura legal: La solicitud atribuye una presunta frustración de la persecución penal tras un amparo que bloqueó datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Medidas solicitadas: Los legisladores requirieron asegurar documentos digitales y evaluar restricciones para salir del país.
