El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana evalúa diversos requerimientos de expulsión de Santiago Peña presentados por referentes partidarios en Asunción. La convocatoria del órgano disciplinario, liderado por el abogado Gustavo Cazal Riego, se fijó para la tarde de este lunes en la sede central de la Junta de Gobierno. El debate interno surge tras la destitución del exmandatario mediante juicio político y la conmoción generada por irregularidades en el sector bancario.
La sesión partidaria responde a una acumulación de denuncias formales que exigen sanciones disciplinarias contra exautoridades del Poder Ejecutivo. Dirigentes y afiliados colorados cuestionan el impacto de los últimos acontecimientos institucionales sobre el electorado y la estabilidad de la nucleación tradicional.
Argumentos jurídicos para la expulsión de Santiago Peña
Entre los solicitantes de la medida figura el abogado penalista Julio Vasconsellos, quien formalizó una presentación ante las autoridades partidarias. El letrado rememoró que el exmandatario perteneció al Partido Liberal Radical Auténtico hasta su traspaso a la nucleación republicana el 29 de octubre de 2016. Aquel cambio de afiliación se concretó durante una convención ordinaria con el fin de conservar su puesto como ministro de Hacienda en la administración de Horacio Cartes.
Vasconsellos afirmó que existió una vulneración del juramento constitucional asumido al frente de la República de Paraguay. Según el profesional del derecho, los hechos investigados y la desestabilización económica ocasionaron un daño irreparable a la reputación internacional del país, a las bases partidarias y a los sectores más vulnerables que guardaban sus ahorros en la entidad financiera intervenida.
El requerimiento fundamenta la necesidad de aplicar la máxima sanción reglamentaria debido a las responsabilidades disciplinarias emergentes. El peticionante señaló que la expulsión de Santiago Peña resulta imperativa ante las causas que tramita el Ministerio Público y las consecuencias del juicio político concluido en el Congreso de la Nación.
Riesgo electoral y apertura de sumarios internos
El dictamen promovido por el sector denunciante advierte sobre las repercusiones electorales que estos acontecimientos proyectan hacia los comicios generales previstos para el año 2028. La pérdida de confianza ciudadana derivada del colapso financiero compromete la hegemonía del partido de gobierno, según los argumentos presentados ante el tribunal colegiado.
De forma paralela, el miembro titular de la instancia de conducta, Sergio Fabián González Escobar, remitió un pedido formal a la presidencia del colegiado. El documento insta a disponer la apertura de una investigación preliminar sobre la conducta del expresidente y otros afiliados eventualmente vinculados con las operaciones financieras cuestionadas.
La investigación interna abarcará las conexiones comerciales y los nexos institucionales que propiciaron el deterioro del sistema bancario nacional. Las autoridades disciplinarias deberán revisar si las conductas denunciadas violaron los estatutos que rigen las obligaciones éticas de los miembros del partido.
Alcance disciplinario y reclamo contra la dirigencia
Las denuncias no se limitan a la figura del exjefe de Estado. Canuto Insfrán, concejal departamental de Itapúa y convencional titular, presentó un requerimiento que involucra a José Alberto Alderete Rodríguez, vicepresidente tercero de la Comisión Ejecutiva de la ANR.
El convencional solicita que se determine la responsabilidad política, institucional y ética del dirigente en los sucesos que desencadenaron la crisis gubernamental. Los antecedentes de actuación pública de Alderete forman parte del legajo remitido para su análisis en la sede partidaria.
El tribunal deberá definir el trámite procesal aplicable a cada caso particular en los próximos días. Las deliberaciones de esta tarde marcarán la hoja de ruta respecto a la expulsión de Santiago Peña y las eventuales suspensiones a otros integrantes de la cúpula republicana.
Datos clave
- Convocatoria formal: El Tribunal de Conducta partidario se reúne a las 16:30 para examinar las solicitudes disciplinarias.
- Petición penal: El abogado Julio Vasconsellos fundamentó el pedido de expulsión en el quebrantamiento de deberes éticos y el perjuicio socioeconómico.
- Sumario ampliado: Un miembro titular del órgano solicitó indagar preliminarmente a otros afiliados vinculados a la crisis bancaria.
- Otras autoridades: El convencional Canuto Insfrán pidió investigar al vicepresidente tercero de la Junta de Gobierno, José Alberto Alderete.
