La expulsión de Santiago Peña de las filas partidarias constituye una determinación inevitable frente a los recientes acontecimientos financieros, según manifestó el titular del Congreso Nacional desde la sede legislativa en Asunción. La máxima autoridad de la Cámara Alta evaluó la decisión adoptada por el órgano de conducta de la Asociación Nacional Republicana tras la crisis vinculada a una entidad bancaria. El dirigente legislativo calificó lo sucedido como un perjuicio severo contra miles de ciudadanos y diversas instituciones públicas del país.
Las repercusiones de la expulsión de Santiago Peña
El titular del Senado, Basilio Núñez, remarcó que la sanción aplicada por el Tribunal de Conducta partidario era el paso elemental que correspondía ejecutar en estas circunstancias. El legislador colorado describió la situación como una profunda decepción personal y política, recordando que desde el propio sector parlamentario surgieron gestiones para mitigar los perjuicios hacia las personas perjudicadas. Según sus afirmaciones, los mecanismos de contingencia implementados permitieron cubrir la devolución de una porción sustancial de los fondos comprometidos.
Núñez advirtió además que el avance de las pesquisas continuará revelando elementos sobre las irregularidades registradas en el manejo de los fondos. En sus declaraciones, insistió en que la gravedad del hecho ameritaba una postura tajante por parte de la conducción partidaria. Con respecto a las medidas disciplinarias, subrayó que analizó la expulsión de Santiago Peña como una consecuencia directa de la crisis generada, la cual no podía ser ignorada por las autoridades partidarias bajo ninguna circunstancia.
La debacle financiera y el avance judicial
El escenario de crisis se originó con los problemas operativos y patrimoniales que derivaron en la caída de la firma bancaria Ueno Bank. Aquel colapso financiero golpeó directamente los depósitos de miles de ahorristas y activó una respuesta judicial sin precedentes en la República del Paraguay. El Ministerio Público formuló una imputación formal por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, situación que derivó en la pérdida de investidura y la privación de libertad preventiva del exmandatario.
El presidente del Legislativo valoró la rapidez con la que vienen actuando los agentes fiscales y los magistrados intervinientes en la causa. Desde su óptica, el país asiste a un hecho histórico al tener a un expresidente privado de su libertad mientras avanzan los trámites procesales. Ante este panorama, Núñez sostuvo que el Congreso debe evitar cualquier interferencia política y dejar que los jueces determinen las responsabilidades pertinentes con estricto apego a las normas jurídicas.
Cuestionamientos hacia la Fiscalía General del Estado
Paralelamente, representantes de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico impulsaron un pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Diputados opositores argumentaron una supuesta inacción investigativa en causas sensibles, como las presuntas entregas de dinero en Mburuvicha Róga y la procedencia de diversos bienes patrimoniales. Frente a estos cuestionamientos, Núñez tomó distancia del reclamo acusatorio y prefirió no acompañar las iniciativas legislativas sin la existencia de evidencias fehacientes.
El presidente del Senado definió al fiscal general como un administrador de la entidad investigativa y recordó que las causas penales están a cargo de fiscales designados en equipos especializados. Asimismo, señaló que su función actual como miembro de un eventual tribunal de sentencia le impide emitir juicios anticipados sobre funcionarios sujetos a juicio político. Núñez recordó también que formó parte del grupo parlamentario que requirió informes al Banco Central del Paraguay, actuación que aceleró el esclarecimiento del caso.
Trayectoria partidaria y antecedentes electorales
El camino político que concluyó con la expulsión de Santiago Peña se había iniciado formalmente a finales de octubre de 2016, momento en que abandonó su afiliación al Partido Liberal Radical Auténtico. En aquel entonces, se desempeñaba como titular del Ministerio de Hacienda bajo la administración de Horacio Cartes, quien respaldó su incorporación a la nucleación colorada para impulsarlo como precandidato presidencial.
Pese a perder las elecciones internas de 2017 ante Mario Abdo Benítez, logró la postulación en los comicios posteriores hasta alcanzar la jefatura de Estado en 2023. La resolución del tribunal partidario cierra de manera definitiva ese ciclo político tras un juicio político unánime en el Senado y una detención que marca la agenda institucional del país.
Datos clave
- Decisión partidaria: El Tribunal de Conducta de la ANR dispuso apartar de manera formal al expresidente tras el colapso financiero de Ueno Bank.
- Postura legislativa: El presidente del Senado, Basilio Núñez, calificó la sanción interna como la medida mínima requerida ante el perjuicio generado a los ahorristas.
- Situación judicial: La Fiscalía mantiene una causa penal abierta por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, con arresto preventivo en vigor.
- Juicio político descartado: La bancada oficialista en la Cámara Alta adelantó que no acompañará pedidos de destitución contra el fiscal general del Estado por este caso.
