El esquema de títulos falsos debe ser investigado en profundidad para identificar a todos sus responsables tras la condena judicial a ocho años de prisión impuesta al exlegislador Hernán Rivas, según reclamó en Asunción el exministro de la Corte Suprema de Justicia José Altamirano. El exmagistrado también cuestionó la lentitud con la que avanzó la causa penal en los tribunales.
La sentencia dictada por un Tribunal de Sentencia halló culpable al exparlamentario de los delitos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Para Altamirano, el veredicto no debe marcar el cierre del caso, sino el punto de partida para desmantelar la estructura institucional y académica que facilitó la expedición irregular de certificados de estudio y diplomas universitarios.
Críticas a la dilación del proceso judicial
El doctor José Altamirano remarcó que las inconsistencias respecto a la formación académica del condenado resultaban evidentes desde el comienzo de las indagaciones. En ese sentido, lamentó el tiempo excesivo que demoró la administración de justicia en emitir una resolución definitiva sobre hechos que no revestían complejidad probatoria.
"Es una pena que se haya tardado tanto en resolver; si se alargó era porque correspondía a intereses señalados", declaró el exintegrante de la máxima instancia judicial paraguaya. Según su análisis, existían elementos probatorios claros desde el principio para determinar que no existía una formación jurídica real que respaldara los documentos presentados.
Exigencia de sanciones para toda la red
Frente al fallo judicial, el exmagistrado subrayó la necesidad de avanzar en pesquisas complementarias vinculadas al presunto esquema de títulos falsos que operaría en el ámbito de la educación superior. Insistió en que la condena individual no subsana el problema de fondo si las instituciones no sancionan a los facilitadores de las certificaciones apócrifas.
Altamirano sostuvo que el Ministerio Público debe dirigir sus esfuerzos a desarmar la red de complicidades. De acuerdo con su postura, permitir que los demás participantes del mecanismo queden impunes debilita la confianza ciudadana en la legalidad y en la idoneidad requerida para ejercer funciones públicas de relevancia en el país.
El impacto institucional de la causa
El debate en torno a este proceso reavivó los cuestionamientos sobre los controles académicos en las universidades privadas de Paraguay. La existencia de un extendido esquema de títulos falsos afecta directamente la credibilidad de profesionales que acceden a cargos públicos sin la preparación legal correspondiente.
Diversos referentes jurídicos coinciden en que la resolución penal debe sentar un precedente para revisar las matrículas y los registros de legalización de títulos en los ministerios correspondientes. La expectativa de la comunidad jurídica se centra ahora en la apertura de nuevas causas que examinen la cadena de responsabilidades en las instituciones educativas.
Datos clave
- Condena penal: El exsenador Hernán Rivas recibió una condena de ocho años de cárcel por producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
- Reclamo judicial: El exministro de la Corte José Altamirano solicitó identificar y procesar a todos los partícipes de la red de certificaciones irregulares.
- Cuestionamiento temporal: El exmagistrado denunció demoras injustificadas en la causa debido a intereses creados, afirmando que las pruebas de la falta de formación eran claras desde el inicio.
