La denuncia contra Santiago Peña sumará formalmente a parientes directos y políticos tras revelarse medidas judiciales que restringían el acceso a sus declaraciones juradas. La senadora Yolanda Paredes confirmó la presentación de este requerimiento en Asunción para que el Ministerio Público indague el patrimonio de todo el núcleo cercano del exmandatario. La legisladora remarcó que las sospechas de presuntas anomalías financieras justifican una verificación exhaustiva de los bienes familiares.
Alcance de la denuncia contra Santiago Peña y su entorno
El pedido de ampliación impulsado por la parlamentaria apunta a la causa penal caratulada bajo el número 92/2026. Según explicó Paredes, la acción busca incorporar a los padres y hermanos tanto del expresidente como de su cónyuge, Leticia Ocampos, abarcando también a parientes por afinidad. La congresista sostuvo que la maniobra procesal de la familia para blindar su información patrimonial despertó alertas ciudadanas sobre eventuales situaciones de enriquecimiento indebido.
Paredes argumentó que la utilización de recursos de amparo judicial evidenció una intención de ocultar datos comerciales e intervenciones societarias ante la opinión pública. La representante legislativa indicó que la apertura total de los registros patrimoniales resulta indispensable para determinar si existieron beneficios incompatibles durante el ejercicio de la función pública. Para la legisladora, limitar el escrutinio de estas cuentas impidió advertir tempranamente irregularidades financieras que debieron ser transparentadas.
Cuestionamientos al procedimiento del Ministerio Público
Durante su exposición, la senadora criticó con dureza el desempeño de los agentes fiscales designados desde las primeras diligencias del caso. A su criterio, la comitiva judicial cometió omisiones sustanciales el mismo día en que se concretó la destitución del extitular del Poder Ejecutivo. La parlamentaria manifestó que correspondía ejecutar allanamientos inmediatos para incautar dispositivos electrónicos y documentos pertenecientes a los miembros del círculo íntimo presidencial.
Asimismo, Paredes enfatizó que la recolección tardía de pruebas compromete el éxito de la investigación penal en curso. Expresó su inquietud sobre la falta de peritajes a los teléfonos móviles de Leticia Ocampos, quien visita de forma periódica el centro de reclusión de su esposo. Para la senadora, la omisión de estos controles elementales facilitó un escenario propicio para la pérdida o manipulación de información probatoria determinante.
Señalamientos al gabinete y advertencia de pruebas
Las declaraciones de la parlamentaria también salpicaron al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Paredes atribuyó al secretario de Estado una articulación directa dentro de la estructura gubernamental para acompañar las gestiones bajo sospecha. Bajo esta perspectiva, consideró prioritario que los investigadores extiendan las pesquisas hacia los vínculos operativos entre las carteras ministeriales y las firmas vinculadas a la familia.
El avance de la denuncia contra Santiago Peña podría revelar nuevos elementos sobre operaciones comerciales y financieras del grupo familiar, según estimó la congresista. La senadora insistió en que el Ministerio Público debe emplear todas las herramientas procesales para deslindar responsabilidades penales de manera oportuna. La expectativa se centra ahora en la respuesta institucional que brindarán los fiscales encargados frente a las nuevas solicitudes de diligenciamiento.
Datos clave
- Ampliación formal: La senadora Yolanda Paredes solicitó incorporar a padres, hermanos y parientes políticos de la expareja presidencial en la causa 92/2026.
- Motivo de la acción: La medida responde al amparo judicial promovido por el entorno familiar para restringir el acceso público a su patrimonio y participaciones societarias.
- Cuestionamiento fiscal: La legisladora denunció la falta de allanamientos e incautación oportuna de teléfonos móviles tras la destitución del exmandatario.
- Impacto político: Las acusaciones alcanzaron al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, por presunta coordinación con la estructura investigada.
