Una severa crisis en Paraguarí envuelve el traspaso del gobierno comunal debido a una pesada carga financiera y una alarmante desidia ambiental. La capital del noveno departamento afronta un escenario crítico marcado por compromisos impagos con el personal municipal, reclamos de concejales y un profundo deterioro de la infraestructura urbana. El intendente saliente, Marcelo Simbrón, concluye su administración mientras se multiplican las denuncias vecinales por el estado general de las arterias.
Compromisos salariales pendientes y reclamos legislativos
El aspecto financiero representa uno de los frentes más conflictivos para la administración entrante. Un grupo de dieciséis trabajadores nombrados sostiene que los haberes adeudados sobrepasan los 500 millones de guaraníes. Esta falta de pago continuada afecta de manera directa la estabilidad económica de sus respectivos hogares, en un contexto en el que no se concretaron las cancelaciones de haberes antes de la salida del actual jefe comunal.
El retraso económico también alcanza a miembros del legislativo local que mantuvieron posturas críticas frente a la conducción saliente. En concepto de dietas y gastos de representación, el pasivo municipal supera los 200 millones de guaraníes. Los ediles afectados por esta falta de desembolso son María Cristina López, Sara Devigile y Rubén Fernández, de la bancada de la ANR, junto con Gabriel Ramírez, representante del Partido Encuentro Nacional.
Déficit ambiental y recolección tercerizada
El manejo de los residuos sólidos profundiza la crisis en Paraguarí y añade un componente de riesgo sanitario considerable. La localidad carece de un vertedero con autorización oficial del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aunque el servicio de recolección fue derivado a empresas privadas, los desechos continúan acumulándose sin control adecuado, alcanzando inclusive las instalaciones de la Junta Municipal.
Las denuncias ciudadanas destacan que sectores como la calle Lomas Valentinas muestran una saturación evidente de desperdicios domiciliarios. Al mismo tiempo, el trayecto de la calle 19 de Enero presenta un deterioro visible con pozos profundos y permanente acumulación de aguas servidas. Este panorama perjudica directamente el perfil turístico y la salubridad de una comunidad tradicionalmente concurrida por visitantes.
Expectativas ante la auditoría y corte administrativo
Frente al complicado panorama institucional, el intendente electo Osmar Galeano adelantó que el procedimiento inicial contemplará un corte administrativo formal. Dicha diligencia preliminar permitirá establecer un diagnóstico general de los recursos existentes y de los documentos pendientes de procesamiento en las diversas dependencias.
No obstante, la autoridad entrante subrayó que resultará indispensable impulsar una auditoría especial externa. Solo mediante una revisión técnica y contable exhaustiva se podrá precisar el pasivo real acumulado, la legalidad de los compromisos contraídos y el estado patrimonial genuino de la municipalidad antes de encarar los planes de recuperación de las vías públicas y la regularización de los servicios básicos esenciales.
Datos clave
- Deuda salarial: Unos dieciséis funcionarios de planta reclaman más de 500 millones de guaraníes por remuneraciones pendientes.
- Dietas retrasadas: Se adeudan más de 200 millones de guaraníes a concejales que cuestionaron la gestión de Marcelo Simbrón.
- Falla ambiental: El depósito de residuos carece de habilitación del MADES y los desechos llegaron hasta el predio legislativo.
- Deterioro vial: Arterias clave como 19 de Enero exhiben baches pronunciados y persistente estancamiento de aguas residuales.
- Próximas medidas: La administración de Osmar Galeano proyecta una auditoría especial tras el corte administrativo.
