Una pesquisa sobre la fuga en Emboscada descubrió un presunto esquema de privilegios para reclusos que incluía cobros de hasta 70.000 dólares por alojarse en pabellones exclusivos. La fiscala Fabiola Sosa detalló las maniobras realizadas dentro de la penitenciaría de máxima seguridad Martín Mendoza, donde altos funcionarios habrían facilitado comodidades y encubierto irregularidades antes de la llegada de los intervinientes.
Sospechas de sobornos y sectores no habilitados
Durante las revisiones posteriores a la fuga de reclusos de alta peligrosidad, la Fiscalía constató la existencia de un sector denominado Siete Alta. En dicho espacio se encontraban ocho presidiarios que no contaban con el registro legal correspondiente para ocupar esas instalaciones diferenciadas.
El Ministerio Público presume que los beneficiarios pagaban un canon periódico en moneda extranjera para conservar su ubicación privilegiada. De acuerdo con las estimaciones de la investigadora, los montos arrancaban en unos 12.382 dólares y podrían alcanzar los 70.000 dólares en ciertos casos.
Entre las personas halladas en este bloque figuraban Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex; Thiago Alessandro De Oliveira Dávalos Brites, alias Flamengo; José Alberto Insfrán Galeano, conocido como Pastor; y Oliver Daniel Lezcano Galeano, procesado bajo el alias Policía. Casi la totalidad de los ocupantes de esta área especial cumplen condenas o procesos por causas ligadas al narcotráfico.
Perfilado irregular y retiro de evidencias
Las autoridades indagan el procedimiento de elaboración de perfiles de los reclusos que determinaba las asignaciones dentro del penal de máxima seguridad. Según explicó Sosa, los informes técnicos eran derivados a un consejo penitenciario tras pasar por la coordinación de Inteligencia del Ministerio de Justicia.
La Fiscalía detectó que el subcomisario Derlis Cáceres continuó girando órdenes al personal carcelario incluso después de su desvinculación oficial el pasado 29 de septiembre. A través de registros de cámaras de circuito cerrado, los intervinientes notaron desplazamientos sospechosos previos al arribo de la comitiva judicial.
En ese contexto, la propia agente fiscal interceptó a un agente que huía del recinto penitenciario transportando un bolso cargado de aparatos telefónicos. Las declaraciones señalaron que la directiva de ocultar los celulares provino directamente del director del penal, Pablo Abel González Apuril, y del excoordinador Cáceres para evitar que fueran descubiertos.
Estrategia procesal frente a la fuga en Emboscada
Cuatro custodios penitenciarios aprehendidos en el operativo prestaron declaración mediante la figura del anticipo jurisdiccional de pruebas. El Ministerio Público resolvió no imputar de momento a estos subalternos para concentrar las actuaciones en los mandos que daban las instrucciones ilícitas.
La fiscala Sosa remarcó que los testimonios permitieron individualizar la responsabilidad de las jerarquías que manejaban la cárcel durante la fuga en Emboscada. Por esta razón, el director González Apuril ya guarda prisión preventiva y se requirió la misma medida cautelar contra el subcomisario Cáceres.
Datos clave
- Presunto cobro de privilegios: El Ministerio Público investiga desembolsos de entre 12.000 y 70.000 dólares para acceder a celdas no autorizadas.
- Altos jefes bajo proceso: El director del penal Pablo Abel González Apuril y el subcomisario Derlis Cáceres fueron señalados como los responsables del esquema irregular.
- Incautación de celulares: Guardiacárceles intentaron retirar mochilas con teléfonos móviles antes del ingreso de los agentes fiscales al penal.
- Reclusos identificados: Ocho internos procesados principalmente por narcotráfico ocupaban de forma irregular el módulo denominado Siete Alta.
