Una nueva derivación del caso Ueno Peña involucra directamente a los parientes más cercanos del expresidente de la República ante el Ministerio Público. Tres senadores de la bancada del Partido Cruzada Nacional acudieron a la sede de la Fiscalía de Delitos Económicos en Asunción para solicitar la extensión de las pesquisas judiciales en la causa 92/2026. La presentación argumenta la presunta comisión de hechos punibles como frustración de la persecución penal y conductas conexas vinculadas a operaciones financieras cuestionadas.
La presentación formal fue rubricada por los legisladores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe. El documento apunta contra la ex primera dama Leticia Ocampos de Peña, además de padres, hermanos, hijos y cuñados del exmandatario. La solicitud busca profundizar las averiguaciones sobre el manejo patrimonial de Ueno Bank SA, el Grupo Vázquez y Ueno Holding durante el período investigado.
Alcance de la denuncia en el caso Ueno Peña
El requerimiento formulado por los representantes legislativos busca que la Fiscalía no restrinja sus actuaciones únicamente a los directivos bancarios o funcionarios que autorizaron la colocación de recursos del Estado. De acuerdo con el planteamiento, Santiago Peña formó parte de la conformación accionaria de las empresas ligadas a la entidad bancaria hasta marzo de 2025. Los denunciantes sostienen que resulta imprescindible rastrear la totalidad de las conexiones comerciales de su entorno durante ese lapso de tiempo.
La nómina de personas señaladas en la petición incluye a Carlos Antonio Ocampos Zelada y María Teresa Villate Garcete, padres de la ex primera dama, así como a sus hermanos Carlos y Adriana Ocampos Villate. Igualmente figuran José Cayetano Peña Nieto y Ana Palacios de Peña, progenitores del exjefe de Estado. La lista también incorpora a su hijo Gonzalo Peña Ocampos y a su nuera Serenella Argaña Scavone.
El documento entregado a los agentes fiscales suma a los hermanos del exgobernante, Manuel Peña Palacios y Francisco Peña Palacios, junto a sus respectivas cónyuges Claudia Gómez Abente y Rocío Caballero Bosch. Para los senadores, la actividad patrimonial de este círculo debe ser cotejada con la captación de fondos públicos y recursos previsionales registrada en los últimos años.
La controversia en torno a las medidas judiciales previas
El origen de este nuevo paso procesal radica en las acciones legales articuladas a finales de 2025 para salvaguardar información reservada. En noviembre de aquel año, el magistrado Diego Alejandro Torres Sandoval concedió un amparo constitucional promovido por los propios familiares del expresidente. Esa resolución frenó el acceso a documentaciones que estaban en poder del Ministerio de Economía y Finanzas.
Los legisladores de la oposición cuestionaron duramente dicha traba judicial al considerarla un mecanismo para dilatar o impedir el esclarecimiento de las transacciones. Según la presentación, los informes del ente ministerial resultaban determinantes para corroborar las sociedades y operaciones comerciales vigentes entre los allegados presidenciales y las entidades bancarias bajo pesquisa penal.
Ante este escenario, la bancada de Cruzada Nacional solicitó una serie de medidas de urgencia para resguardar las evidencias materiales del proceso. Entre las diligencias pedidas se encuentran la incautación y análisis de correos electrónicos, la custodia preventiva de archivos financieros, el arraigo para evitar salidas al exterior y la inmovilización de cuentas bancarias de los involucrados.
El contexto normativo y los pasos procesales
La investigación continuará bajo la supervisión de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado. Corresponderá a los agentes del Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para admitir la ampliación y ordenar actos investigativos formales. En el sistema penal paraguayo, la figura de frustración penal sanciona actos destinados a entorpecer el esclarecimiento de supuestos hechos antijurídicos.
Todas las personas citadas en la carpeta fiscal mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una resolución definitiva que determine responsabilidades concretas. La resolución del Ministerio Público sobre las medidas cautelares requeridas será clave para definir el curso del proceso judicial en las próximas semanas.
Datos clave
- Legisladores denunciantes: Los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe pidieron extender la investigación penal.
- Hechos señalados: La solicitud atribuye la supuesta comisión de frustración de la persecución penal y figuras conexas.
- Personas involucradas: La acción alcanza a Leticia Ocampos, su esposo Santiago Peña y más de diez parientes directos.
- Antecedente judicial: La presentación surge tras un amparo de 2025 que frenó la entrega de datos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
