El avance judicial vinculado al caso Ueno Bank coloca al expresidente Santiago Peña bajo investigación penal por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La situación procesal se desarrolla luego de su destitución mediante juicio político y la posterior imposición de prisión preventiva en Asunción.
La crisis desatada en torno a la entidad financiera congeló recursos de millones de usuarios paraguayos e involucró importantes colocaciones de fondos públicos.
De la vocación por las finanzas a la imputación penal
Décadas atrás, el exmandatario había señalado que el colapso del sistema financiero ocurrido en los años 90 despertó su vocación por formarse en Ciencias Económicas. En mayo de 2024, Peña recordó públicamente que aquel episodio crítico perjudicó a miles de ahorristas y motivó su interés por comprender las causas técnicas detrás de las quiebras bancarias.
Pese a ese trasfondo académico y profesional, la carrera del exmandatario culminó abruptamente tras desencadenarse la insolvencia de la entidad privada. Según los antecedentes oficiales, el Banco Central del Paraguay determinó someter a la firma a un procedimiento de resolución formal el 3 de noviembre, luego de constatar desbalances en su solvencia patrimonial.
El impacto del caso Ueno Bank en los fondos del IPS
Durante la campaña electoral de abril de 2023, Peña había asegurado a los aportantes del Instituto de Previsión Social que protegería estrictamente sus ahorros previsionales. Sin embargo, las determinaciones administrativas posteriores dejaron atrapados más de 516 millones de dólares pertenecientes a la previsional dentro de la entidad bancaria en crisis.
De esa suma global expuesta, unos 358 millones de dólares corresponden a inversiones directas del fondo jubilatorio de los trabajadores paraguayos. Asimismo, el cese operativo de la firma afectó a más de 2,9 millones de clientes, lo que provocó manifestaciones ciudadanas y una severa repercusión política. La fiscalía profundizó desde entonces las pesquisas correspondientes al caso Ueno Bank.
La defensa de la entidad y los cuestionamientos éticos
Semanas antes de la intervención formal, el exmandatario desestimó las advertencias públicas sobre la debilidad del banco. En declaraciones formuladas el 9 de octubre de 2026, Peña cuestionó la interpretación de los informes técnicos del Banco Central del Paraguay, argumentando que las auditorías no implicaban necesariamente el cierre definitivo de la firma ni debían alarmar a la población.
En octubre de 2024, el gobernante había sostenido que el Estado adjudicaba colocaciones a través de licitaciones a las instituciones que ofrecían tasas de interés más competitivas. No obstante, los investigadores indagan si la permanencia del mandatario como accionista corporativo en el grupo financiero influyó de manera indebida en las decisiones institucionales tomadas durante su mandato presidencial.
A la par, surgieron denuncias por posible incompatibilidad en el ejercicio de la función pública, dado que Peña figuraba como accionista de Ueno Holding Saeca hasta marzo de 2025. Aunque el entonces jefe de Estado negó la existencia de conflicto de intereses, los fiscales mantienen abierto el proceso penal en el marco del caso Ueno Bank para deslindar responsabilidades legales.
Datos clave
- Imputación fiscal: Santiago Peña enfrenta cargos por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio con reclusión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.
- Fondos previsionales atrapados: El proceso de resolución dejó comprometidos más de 516 millones de dólares del IPS, de los cuales 358 millones corresponden a jubilaciones.
- Vínculo accionario previo: El expresidente mantuvo acciones en Ueno Holding Saeca hasta marzo de 2025 mientras ejercía la primera magistratura del país.
- Alcance de la crisis: El cese de operaciones de la entidad afectó a más de 2,9 millones de depositantes y precipitó la destitución del mandatario mediante juicio político.
