El Consejo de Gabinete autorizó una partida millonaria para responder al arbitraje contra Panamá iniciado por la compañía asiática CK Hutchison Holdings Limited. La acción legal, tramitada a través de la subsidiaria Panama Ports Company, cuestiona resoluciones estatales vinculadas al manejo y la continuidad de concesiones portuarias en las inmediaciones del canal interoceánico. Frente a este litigio, las autoridades encomendaron la representación del país a una prestigiosa firma legal estadounidense.
Los motivos del arbitraje contra Panamá y la disputa portuaria
El conflicto tiene como antecedente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la nación centroamericana que declaró inconstitucionales los contratos de concesión que beneficiaban al conglomerado extranjero. Dicha resolución judicial afectó la operativa que la empresa mantenía sobre instalaciones estratégicas a lo largo del paso bioceánico. A raíz de este escenario, el conglomerado empresarial acudió a instancias legales para objetar las determinaciones oficiales.
La administración central tomó conocimiento formal del reclamo el 19 de agosto de 2026, cuando recibió la notificación de inicio del proceso. El litigio se rige bajo el marco procesal establecido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en su actualización del año 2021. En ese marco, este arbitraje contra Panamá busca examinar los derechos contractuales y las presuntas afectaciones patrimoniales que reclama el operador.
La defensa jurídica del Estado y las firmas involucradas
Para articular su demanda, la empresa inversora conformó un equipo jurídico integrado por las firmas Paul Hastings, radicada en Washington D.C., y la sociedad panameña Morgan & Morgan Legal. Ante la envergadura del reclamo, el Ministerio de Economía y Finanzas impulsó la contratación de Hogan Lovells Cadwalader US LLP como apoderada legal del país. La designación se formalizó mediante el proyecto de resolución 146-26.
El Estado desembolsará 3.887.350 dólares para solventar los servicios profesionales de representación jurídica exterior. La meta de las autoridades consiste en salvaguardar los intereses soberanos frente a tribunales arbitrales, en una controversia que concita atención económica por el peso logístico que representan los puertos para el comercio regional.
Continuidad en la infraestructura del Metro de Panamá
Durante la misma sesión de trabajo ministerial, las autoridades dieron luz verde a otro trámite excepcional enfocado en obras públicas. En esta oportunidad, se autorizó a la compañía estatal Metro de Panamá a suscribir un acuerdo con el Consorcio PMTS Línea 3 por un importe de 16.223.996 dólares. Dicho consorcio reúne a las empresas Nippon Koei Co., Ltd, Nippon Koei Latin America-Caribbean Co., Ltd y Nippon Koei Lac, Inc.
El contrato tiene una vigencia global de 37 meses y apunta a asegurar las tareas de gerencia, soporte técnico e integración de interfaces del megaproyecto de transporte. El cronograma prevé 35 meses de labor técnica efectiva, entre el 1 de agosto de 2026 y el 30 de junio de 2029, reservando dos meses finales para la liquidación correspondiente. Esta medida subsana el desfase generado por la readecuación del contrato original tras culminar la excavación subterránea bajo el canal.
Datos clave
- Contratación legal: El Gobierno autorizó destinar USD 3.887.350 para que el estudio Hogan Lovells asuma la defensa judicial del Estado.
- Demanda portuaria: El grupo CK Hutchison acudió a las reglas de la CNUDMI tras fallos que anularon concesiones portuarias en el canal.
- Soporte de transporte: El consorcio liderado por firmas del grupo Nippon Koei brindará asistencia técnica a la Línea 3 del metro por USD 16.223.996.
