La violencia contra las mujeres movilizó a más de 20 instituciones públicas, organismos internacionales y organizaciones civiles en República Dominicana con el objetivo de reforzar las redes de amparo estatal hasta el año 2027. La mesa de trabajo se desarrolló durante una sesión ordinaria del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, liderada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, según confirmaron fuentes oficiales del Poder Judicial dominicano.
Durante este espacio interinstitucional se debatieron mecanismos urgentes para perfeccionar la asistencia inmediata, ampliar los servicios en diversas regiones y actualizar las leyes vigentes para salvaguardar a las víctimas.
Articulación tecnológica y estratégica contra la violencia contra las mujeres
Uno de los puntos centrales del encuentro consistió en la integración operativa entre el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y la Línea 212 del Ministerio de la Mujer. El director ejecutivo del servicio de emergencias, Randolfo Rijo Gómez, presentó los resultados del cruce informático de registros de asistencias y denuncias. Esta vinculación permite identificar zonas con alta recurrencia de casos y formular mapas de calor para dirigir los recursos policiales y sociales con mayor precisión.
En la reunión también participaron la viceministra de Interior y Policía, Chandrai Estévez Zorilla, la viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Paula Disla, y la directora general de la Oficina Nacional de Estadística, Mildred Martínez Mejía. Por su parte, la general Yanet Jiménez Cabral, responsable de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, evaluó el despliegue de las fuerzas de seguridad.
El programa PRISMA y la focalización territorial
Para responder de manera directa a la violencia contra las mujeres en los sectores con mayores índices delictivos, el Ministerio de la Mujer presentó el Programa Integral de Servicios y Modelos de Atención, conocido como PRISMA. La viceministra técnica de Planificación y Desarrollo, Rosa Mejía, puntualizó que la iniciativa empezará a operar en 2027 integrando a entidades sin fines de lucro bajo estrictos estándares estatales de supervisión.
La primera fase del programa concentrará su labor en las provincias de Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal. Estas demarcaciones concentran el mayor número de episodios según los relevamientos oficiales, por lo que la descentralización de la asistencia buscará acelerar la protección médica, psicológica y legal en esos territorios prioritarios.
Retos sociales y el impulso a la Ley Mirabal
El viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía, Martín Francos Rodríguez, expuso la hoja de ruta del Consenso de Montevideo. Si bien destacó mejoras en cobertura de salud, reducción de pobreza y prevención de uniones tempranas, remarcó que persisten deudas estructurales en mortalidad materna, trabajo no remunerado y disparidades económicas que complican erradicar la violencia contra las mujeres.
En el plano normativo, la encargada de Agenda Legislativa, Melina Zaiz, expuso los alcances del anteproyecto de Ley Mirabal. El texto normativo proyecta instaurar el Sistema Nacional de Protección Integral, estructurando deberes específicos para las instituciones y garantizando reparación integral a las víctimas, en articulación armónica con el Código Penal y Procesal Penal dominicano.
Datos clave
- Coordinación institucional: Más de 20 entidades estatales e internacionales acordaron unificar esfuerzos contra la violencia hacia mujeres y niñas.
- Integración de datos: El sistema 9-1-1 y la Línea 212 cruzan información para crear mapas de calor sobre denuncias.
- Programa PRISMA 2027: Desplegará cobertura prioritaria en Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal con apoyo de la sociedad civil.
- Proyecto Ley Mirabal: La propuesta legislativa busca crear un sistema integral de justicia, protección y reparación para las víctimas.
