Un grupo de legisladores de la oposición presentó una iniciativa legislativa para resarcir a las víctimas de Ueno Bank con el dinero y las propiedades incautadas en el marco de las investigaciones judiciales. El documento busca modificar la Ley 5876/2017 de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, con el objetivo de crear un mecanismo prioritario de restitución para los damnificados por delitos financieros en Asunción y todo el territorio nacional.
La propuesta parlamentaria cuenta con las firmas de los senadores José Oviedo, Ignacio Iramain, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes y Lucía Mendoza. Con esta modificación, los recursos obtenidos tras una sentencia penal firme dejarían de transferirse a las entidades públicas contempladas habitualmente en la legislación vigente para enfocarse en responder a las pérdidas de los afectados.
Prioridad legal para las víctimas de Ueno Bank
El texto normativo plantea la incorporación de un régimen especial dentro del artículo 46 de la ley de Senabico, además de la creación del artículo 46 bis. De esta manera, se fija una reserva obligatoria de los activos incautados durante el proceso penal, impidiendo que se ejecuten distribuciones previas mientras no exista un fallo definitivo dictado por la magistratura competente.
En este esquema de restitución, las víctimas de Ueno Bank y los demás acreedores reconocidos se ordenarían bajo un riguroso orden de prelación. La normativa dispone que cada nivel de acreencia debe ser saldado en su totalidad antes de habilitar los pagos de la categoría siguiente, estableciendo que la liquidación a los ahorristas e impositoras se concrete de forma proporcional a prorrata.
Los fondos derivados de los comisos a directores, accionistas y administradores se resguardarán en una cuenta especial administrada por la Tesorería General. Dichos recursos mantendrán un carácter inembargable frente a reclamos de otros acreedores estatales, garantizando que el dinero decomisado no se desvíe hacia otros compromisos fiscales.
El rol del Banco Central y el alcance empresarial
La Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay asumirá la responsabilidad de armar la nómina detallada de las personas beneficiarias y fijar los montos que corresponden a cada caso. Esta lista tomará como base los datos del proceso de liquidación o resolución y requerirá la homologación de un juzgado penal, donde los damnificados tendrán derecho a presentar sus observaciones.
El alcance de la medida no se restringe exclusivamente al patrimonio institucional de la entidad bancaria. La redacción abarca bienes de firmas vinculadas bajo un mismo control societario o accionario, impidiendo además que directivos, administradores, síndicos y gerentes puedan cobrar compensaciones bajo esta figura excepcional.
Al respecto, el senador Rafael Filizzola detalló que se busca intervenir sobre bienes situados fuera de los balances oficiales para que el recupero beneficie a quienes sufrieron el fraude. El legislador advirtió que existen decenas de firmas del mismo conglomerado cuyos patrimonios consolidados deben responder por los perjuicios generados.
Protección de derechos laborales y custodia judicial
La propuesta legislativa sitúa a los trabajadores en un puesto primordial dentro de la distribución de los fondos recuperados. Aquellos empleados que prestaron tareas en el banco o en firmas tercerizadas del grupo podrán reclamar indemnizaciones y salarios impagos, siempre que acrediten resoluciones firmes o verificadas en la liquidación.
Durante el tiempo que se extienda la pesquisa judicial, el dinero y los rendimientos financieros permanecerán depositados en cuentas bancarias a la orden del juzgado interviniente. Esta medida cautelar protege tanto la presunción de inocencia como la preservación íntegra del patrimonio ante eventuales fallos de restitución o comiso definitivo.
Datos clave
- Iniciativa legislativa: senadores opositores buscan reformar la ley de Senabico para que los activos comisados indemnicen a los afectados por causas financieras.
- Orden de cobro: el proyecto establece un régimen de prelación estricto donde los ahorristas cobrarán a prorrata una vez cubiertas las categorías precedentes.
- Inclusión laboral: los empleados dependientes y tercerizados del grupo financiero cuentan con prioridad para percibir sus haberes e indemnizaciones reconocidas.
- Fiscalización oficial: la Superintendencia de Bancos confeccionará la nómina de beneficiarios que deberá ser homologada por la Justicia penal.
