El avance de las investigaciones judiciales en el caso Ueno Bank genera fuertes reclamos desde la Cámara de Diputados ante la falta de imputaciones a los administradores de entes públicos. El diputado colorado Roberto González sostuvo que la Fiscalía debe profundizar las pesquisas hacia los directores de las diversas instituciones que colocaron capitales estatales en dicha intermediaria financiera, pese a las notorias advertencias sobre su fragilidad.
Actualmente, las medidas de reclusión por esta causa solo alcanzan al exmandatario Santiago Peña y al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo. González remarcó que resulta insuficiente limitar las sanciones a dos figuras del ámbito gubernamental mientras permanecen sin investigación los titulares de entidades que autorizaron transferir los recursos de los contribuyentes.
Cuestionamientos a las autoridades por colocación de recursos
El volumen financiero comprometido supera los 850 millones de dólares en moneda local, lo que representaba unos 4,9 billones de guaraníes resguardados en Ueno Bank según los balances preliminares. Los fondos procedían de entes autárquicos y empresas estatales clave como el Instituto de Previsión Social, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad, la Cajubi y el Ministerio de Economía y Finanzas.
El legislador puntualizó que el sector público continuó inyectando capital aun cuando a inicios de 2026 los indicadores financieros encendían todas las alarmas regulatorias. Para González, esta conducta sugiere una instrucción directa o una recomendación desde altas esferas del Poder Ejecutivo para sostener a la entidad, hechos que demandan una inmediata aclaración procesal ante el daño patrimonial.
El alcance jurídico en el caso Ueno Bank
Al referirse al caso Ueno Bank, el parlamentario recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 106, establece con claridad la responsabilidad personal de cada funcionario por sus decisiones administrativas. Desde su análisis legal, la mera presentación de denuncias formales por parte de los organismos afectados no extingue la culpabilidad de quienes decidieron depositar montos millonarios.
González subrayó que los responsables deben resarcir el perjuicio al erario con sus propios bienes y someterse a la privación de libertad. A diferencia de los ahorristas del sector privado, que disponen del Fondo de Garantía de Depósitos para salvaguardar sus colocaciones, las pérdidas de dinero público perjudican directamente la provisión de bienes y servicios a toda la ciudadanía paraguaya.
Críticas al Ministerio Público y a la conducción política
La labor del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recibió duros reparos por parte del parlamentario, quien calificó de condescendiente y lenta la respuesta del Ministerio Público ante este escenario. Debido a esa inacción frente a las denuncias existentes, González anticipó su voto favorable a un eventual juicio político contra el titular fiscal que ya se impulsa en el Congreso nacional.
El congresista también cuestionó la falta de decisiones por parte de la actual administración liderada por Pedro Alliana frente a exautoridades que continúan en funciones relevantes. Criticó de forma puntual la permanencia del exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos como consejero de Itaipú, señalando que la justicia no puede ensañarse solo con figuras desplazadas mientras protege a actores alineados con el poder de turno en el marco del caso Ueno Bank.
Datos clave
- Reclamo parlamentario: El diputado Roberto González exige que el Ministerio Público impute a los administradores de entes públicos que colocaron recursos en la entidad financiera.
- Fondos en riesgo: Ueno Bank acumulaba más de 850 millones de dólares de entes como IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE, Cajubi y el Ministerio de Economía.
- Responsabilidad civil y penal: Conforme al artículo 106 constitucional, los directivos deben responder con su patrimonio personal por el perjuicio patrimonial causado.
- Juicio político en puerta: Cuestionan la lentitud del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y anuncian respaldo al libelo acusatorio en la Cámara Baja.
