El reciente veto a la prensa resuelto por la administración de Donald Trump derivó este lunes en una acción judicial conjunta interpuesta en la ciudad de Washington. Las cadenas de noticias CNN y MS NOW, junto con el periódico digital Politico, acudieron a los tribunales federales para solicitar la restitución inmediata de sus credenciales de trabajo. La controversia comenzó luego de que el mandatario estadounidense decidiera bloquear el acceso de los tres medios al complejo gubernamental tras manifestar su descontento con la cobertura crítica de su gestión.
La presentación judicial recayó en el Tribunal de Distrito de Washington y solicita medidas cautelares urgentes para salvaguardar el ejercicio periodístico. Los demandantes alegaron que la medida gubernamental quebranta la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual protege las libertades de expresión y de prensa contra intromisiones estatales. El abogado Ted Boutrous, especialista en litigios constitucionales y con antecedentes en causas similares durante el primer mandato de Trump, asumió la representación letrada de las tres empresas.
Argumentos legales y el principio de no discriminación
En un comunicado conjunto emitido a primera hora del lunes, los tres medios informaron que notificaron formalmente al Gobierno antes de recurrir a la Justicia. En el documento destacaron que la Casa Blanca canceló las acreditaciones de sus corresponsales de manera intempestiva y sin ningún procedimiento formal previo. Remarcaron asimismo que las autoridades públicas carecen de facultades para fijar pautas editoriales o seleccionar a los periodistas autorizados a informar a la ciudadanía.
La controversia escaló durante el fin de semana cuando las cronistas Betsy Klein, Akayla Gardner y Cheyenne Haslett intentaron ingresar a la residencia presidencial para sus labores habituales. Efectivos del Servicio Secreto impidieron el ingreso de las trabajadoras y confiscaron sus acreditaciones de prensa. Además de restringir el paso de los reporteros, la administración republicana suspendió la utilización de cámaras fijas y canceló la participación de CNN en el sistema rotativo de cobertura compartida.
El debate constitucional sobre el veto a la prensa
Desde el punto de vista del derecho constitucional, los especialistas consideran que este veto a la prensa incurre en una discriminación explícita por punto de vista. El presidente justificó la revocación del permiso bajo el argumento de que no toleraría informaciones adversas hacia su gestión. La jurisprudencia norteamericana prohíbe de forma tajante que los organismos públicos sancionen a los medios en función del tenor editorial de sus notas o investigaciones.
Por su parte, portavoces del Ejecutivo intentaron amparar la decisión en una sentencia de la Corte Suprema emitida en 1965 sobre validación de pasaportes. Sin embargo, diversos juristas coinciden en que la Casa Blanca vulneró las garantías del debido proceso. La doctrina judicial vigente exige criterios transparentes y objetivos antes de despojar a un cronista de sus credenciales profesionales en dependencias estatales.
Precedentes judiciales y cobertura periodística en pugna
Los antecedentes en los estrados de la capital estadounidense favorecen históricamente la labor de los comunicadores frente al Poder Ejecutivo. El precedente fundamental data del año 1977, cuando un fallo del Tribunal de Apelaciones protegió a Robert Sherrill frente a la exclusión arbitraria promovida por fuerzas de seguridad. Aquel dictamen concluyó que restringir credenciales a causa del contenido publicado infringe directamente la Carta Magna norteamericana.
Situaciones análogas ocurrieron durante la primera presidencia de Trump con reporteros de cadenas informativas y agencias de noticias, ocasiones en las cuales la Justicia ordenó restituir los pases. Ante la actual disputa legal, las directivas de los tres medios afectados aseguraron que mantendrán la cobertura exhaustiva sobre el Gobierno norteamericano, aun cuando las restricciones físicas continúen vigentes en el recinto presidencial.
Datos clave
- Las cadenas CNN, MS NOW y el diario Politico demandaron al Gobierno ante el Tribunal de Distrito de Washington para recuperar el acceso a la Casa Blanca.
- El Servicio Secreto confiscó las credenciales de tres periodistas luego de que el mandatario expresara disgusto por coberturas informativas críticas.
- La acción judicial se fundamenta en la Primera Enmienda, invocando precedentes históricos que impiden la censura y la discriminación por punto de vista editorial.
- El patrocinio legal está a cargo de Ted Boutrous, letrado constitucionalista que ya litigó con éxito casos de libertad de prensa en 2018.
