El terrorismo de Estado constituye el principal mecanismo de dominación política en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, impidiendo la vigencia de las libertades públicas. Así lo expuso un análisis elaborado por el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, titular del Interamerican Institute for Democracy. La publicación detalla que el sometimiento ciudadano mediante el miedo institucionalizado bloquea cualquier transición genuina hacia el orden legal.
La Carta Democrática Interamericana establece en su artículo tercero que el ejercicio del poder debe subordinarse de forma irrestricta a las normas jurídicas. Sin embargo, los regímenes dictatoriales alteran esta disposición básica mediante decretos punitivos y persecución constante. En estas naciones se anula la separación de poderes, privando a la ciudadanía de las garantías esenciales que amparan los tratados internacionales.
Impacto del terrorismo de Estado en las instituciones
El terrorismo de Estado opera mediante la ejecución sistemática de actos orientados a infundir temor generalizado para conservar el mando sin límites de tiempo. De acuerdo con el diagnóstico de la entidad académica, las autoridades de estos países emplean estructuras públicas para cometer delitos y amedrentar a cualquier disidencia interna. De esta forma, las leyes pierden su naturaleza protectora y se transforman en herramientas de coerción.
En el caso cubano, el modelo ha institucionalizado estas prácticas a lo largo de más de seis décadas, afectando derechos humanos elementales como la propiedad, el trabajo y la integridad personal. Los marcos normativos vigentes en la isla normalizan la impunidad de la cúpula gobernante y anulan el acceso a una justicia imparcial. Esta misma estructura represiva se extendió durante las últimas décadas hacia otras naciones aliadas de la región.
La situación en Venezuela, Bolivia y Nicaragua
En Nicaragua, la administración gubernamental acentuó las medidas restrictivas despojando de su nacionalidad a ciudadanos exiliados y aplicando reformas constitucionales que consolidan un régimen dinástico. Por su parte, la coyuntura en Venezuela experimenta un proceso bajo seguimiento internacional para desmontar las redes criminales instaladas, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Pese a ciertos avances, las garantías procesales plenas aún no logran restablecerse de manera efectiva.
En cuanto a Bolivia, el reporte advierte que persisten las bases normativas plurinacionales instauradas en 2009. El mandatario Rodrigo Paz ejerce funciones administrativas, pero no retiene el control real ni territorial absoluto de la estructura estatal. El documento contrasta estos escenarios con el de Ecuador, donde las administraciones recientes buscaron recuperar el funcionamiento institucional y romper con las redes delictivas.
Desafíos para la reconstrucción democrática
Para restaurar la convivencia cívica y las libertades en el continente, el informe subraya que resulta indispensable erradicar los mecanismos de persecución estatal. Los ciudadanos de estos territorios solo alcanzarán un entorno libre cuando las leyes se apliquen con equidad y las autoridades queden sometidas al escrutinio judicial.
La reactivación de los convenios internacionales sobre derechos humanos y lucha contra la delincuencia transnacional requiere gobiernos legítimos y transparentes. La transición definitiva hacia modelos democráticos depende de la supresión total del terrorismo de Estado y de la reconstrucción integral de los órganos judiciales en cada nación afectada.
Datos clave
- Denuncia institucional: Carlos Sánchez Berzaín acusó la persistencia de mecanismos represivos en cuatro naciones latinoamericanas.
- Marco normativo violado: Los regímenes vulneran el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana sobre el imperio de la ley.
- Casos territoriales: El análisis detalla la crisis en Cuba, las medidas arbitrarias en Nicaragua, la tutela en Venezuela y la fragilidad institucional en Bolivia.
- Objetivo regional: Se plantea el reemplazo urgente de los aparatos de coacción por sistemas judiciales transparentes e independientes.
