El tráfico de municiones sustraídas de depósitos oficiales derivó en una condena judicial en Santo Domingo tras comprobarse la venta clandestina de proyectiles a ciudadanos haitianos. La resolución fue dictada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional luego de homologar un acuerdo de culpabilidad alcanzado entre el Ministerio Público y la procesada Miguelina Bello Segura, quien aceptó los cargos y colaboró con las pesquisas.
La causa forma parte de un expediente de gran escala conocido como Operación Pandora, mediante el cual los fiscales investigan el faltante de cerca de un millón de balas y diversos pertrechos pertenecientes a la Intendencia de Armas de la Policía Nacional de República Dominicana. Este proceso judicial destapó un esquema de desvío sistemático de material bélico bajo custodia institucional que terminaba en el mercado negro.
La condena impuesta y las condiciones del acuerdo
El tribunal fijó una sanción de tres años de privación de libertad para Bello Segura luego de que la imputada reconociera su participación directa en los hechos ilícitos. La jueza Kenya Romero dispuso la suspensión condicional de la mitad de la pena, por lo que la sentenciada deberá cumplir un año y seis meses bajo la modalidad de prisión domiciliaria, mientras el tiempo restante quedará sujeto a estrictas pautas de conducta.
Entre las obligaciones establecidas, la mujer deberá residir en un domicilio fijo previamente reportado y comunicar de inmediato cualquier cambio de vivienda tanto al Ministerio Público como al juez encargado de la Ejecución de la Pena. Asimismo, la resolución judicial le prohíbe de forma terminante la tenencia y porte de cualquier arma de fuego, la ingesta excesiva de alcohol y la salida del territorio dominicano sin autorización previa.
La imputada también tendrá que comparecer con periodicidad mensual ante las dependencias judiciales pertinentes para certificar el cumplimiento de las restricciones. Según las actuaciones procesales del caso, la lectura completa del fallo judicial fue agendada para el 5 de noviembre en los tribunales de la capital caribeña.
Los altos mandos implicados en el tráfico de municiones
El esquema investigado en torno al tráfico de municiones compromete directamente a antiguos oficiales de jerarquía que administraban los arsenales de la institución armada dominicana. La justicia dispuso la apertura de juicio de fondo contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien se desempeñó como titular de la Intendencia de Armas durante el periodo en que ocurrieron los desvíos masivos.
En la nómina de procesados que irán a juicio oral figura además el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía Nacional. La acusación del Ministerio Público abarca igualmente a los ciudadanos Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez por su presunta vinculación con la estructura ilícita.
Para varios de los imputados, el juzgado resolvió sustituir la medida de prisión preventiva por la imposición de una fianza económica de 500 mil pesos dominicanos tramitada mediante compañía aseguradora, combinada con el arraigo y la prohibición expresa de abandonar el país.
Perjuicio económico al Estado y delitos atribuidos
Los fiscales a cargo del caso calculan que el daño patrimonial causado al Estado dominicano asciende a 92,2 millones de pesos a raíz de la sustracción de miles de cartuchos de diferentes calibres y equipos tácticos policiales. Las imputaciones formales comprenden delitos como coalición de funcionarios, prevaricación administrativa, desfalco y asociación de malhechores para delinquir de forma continuada.
El expediente judicial contempla infracciones severas a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como transgresiones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Dentro de la misma línea investigativa, otro acusado identificado como Marino Antonio Rodríguez Toribio ya recibió una pena de cinco años de arresto domiciliario en septiembre pasado.
En esa condena previa, la justicia dominicana decretó la clausura definitiva de la firma comercial Tactical Accesories RH, S.R.L., el decomiso de los bienes incautados durante los allanamientos y el pago de una multa económica equivalente a diez salarios mínimos del sector público.
Datos clave
- Miguelina Bello Segura recibió una pena de tres años de reclusión tras admitir la comercialización ilegal de pertrechos a compradores haitianos.
- La Operación Pandora indaga la sustracción de casi un millón de municiones estatales con un impacto financiero calculado en más de 92 millones de pesos dominicanos.
- Un coronel y un capitán de la Policía Nacional enfrentarán juicio oral por presuntamente facilitar el desvío desde los arsenales oficiales.
