Una auditoría oficial reveló irregularidades en la gestión de títulos universitarios MEC tras descubrirse que varios funcionarios manipularon el sistema informático para adjudicarse expedientes académicos. El informe preliminar fue expuesto por la Contraloría General de la República en Asunción, en el marco de una fiscalización exhaustiva sobre credenciales profesionales en el Estado paraguayo. Este trabajo busca transparentar el acceso y la permanencia en cargos públicos.
Vulnerabilidades en el sistema informático institucional
El titular del organismo de control, Camilo Benítez, detalló que el Sistema de Información de Educación Superior permitía intervenciones manuales que eludían el sorteo aleatorio reglamentario. Durante las revisiones técnicas, los auditores comprobaron que en 204 oportunidades el mismo usuario que asignó el trámite coincidió con el encargado de evaluarlo. Esta práctica posibilitó que un grupo reducido de operadores concentrara la mayor parte de las gestiones.
De acuerdo con los datos recabados, un único funcionario llegó a registrar 83 autoasignaciones dentro de la plataforma tecnológica. Otras tres cuentas acumularon 44, 41 y 30 casos respectivamente, lo que demostró una marcada concentración operativa. La auditoría advirtió que varios de estos técnicos intervinieron además en la confirmación o el rechazo de las solicitudes académicas.
Los técnicos del ente contralor observaron que la normativa vigente establecía que todos los trámites debían distribuirse de manera equitativa e impersonal. Sin embargo, la habilitación de comandos manuales sin justificación documentada permitió evadir los filtros institucionales. La falta de bitácoras claras impidió conocer los motivos reales detrás de las reasignaciones analizadas durante el período auditado.
El impacto en el registro de títulos universitarios MEC
La falta de salvaguardas informáticas impidió asegurar la separación funcional necesaria entre las distintas etapas de recepción y homologación documental. Para los auditores, el proceso de revisión de títulos universitarios MEC no garantizaba la debida independencia funcional, incrementando el riesgo de manejos discrecionales. Asimismo, la herramienta tecnológica carecía de alertas tempranas para frenar estas modificaciones manuales.
Desde la cartera educativa señalaron que la opción manual existía para resolver contingencias laborales ordinarias, tales como permisos por enfermedad o vacaciones del personal técnico. A pesar de estas explicaciones institucionales y de los ajustes posteriores comunicados por el ministerio, la Contraloría ratificó sus observaciones técnicas. El ente recomendó aplicar bloqueos informáticos que impidan a cualquier operador asignarse trámites por cuenta propia.
El organismo de control enfatizó que la detección de estas operaciones no confirma por sí sola la existencia de documentos apócrifos. No obstante, la vulnerabilidad detectada debilita la confianza en los registros oficiales y exige una reestructuración de los procesos de certificación académica. De persistir estas brechas, resulta complejo asegurar que todas las solicitudes ciudadanas reciban un trato idéntico y sin favoritismos.
La causa penal abierta por la Fiscalía General
Las fallas detectadas en la plataforma se integran a una pesquisa de mayor escala que ya identificó 1.090 documentos académicos sin respaldo verificable en universidades. Dicha indagación abarca a más de mil dependientes de 35 entes estatales, cuyos antecedentes no figuran en los registros de las casas de estudio consultadas. Por este motivo, el fiscal general Emiliano Rolón conformó un equipo especial de agentes anticorrupción.
El equipo fiscal designado, compuesto por Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce, analizará si las acciones configuran delitos de corrupción pública o falsedad documental. Además, las pesquisas procurarán determinar si existió un perjuicio patrimonial contra las arcas estatales derivado de remuneraciones profesionales no justificadas. El contralor general Camilo Benítez afirmó que la situación encontrada superó las expectativas más críticas del equipo auditor.
La labor del Ministerio Público se centrará en verificar si estas credenciales se utilizaron para cobrar sobresueldos, percibir bonificaciones o lograr promociones laborales indebidas. Aunque las irregularidades en el software no constituyen una prueba directa de falsificación, las autoridades insisten en que facilitaron escenarios de escasa transparencia. La meta final consiste en auditar la validez de los títulos universitarios MEC presentados por funcionarios en diversas dependencias públicas.
Datos clave
- Operaciones observadas: La Contraloría detectó 204 trámites donde los funcionarios encargados se asignaron expedientes a sí mismos.
- Fallas del sistema: La plataforma carecía de alertas automáticas y permitía saltear la distribución aleatoria obligatoria.
- Concentración de casos: Cuatro usuarios concentraron casi la totalidad de las intervenciones manuales analizadas en el ministerio.
- Investigación penal: El Ministerio Público indaga más de mil credenciales públicas sin respaldo universitario confirmado.
