Las denuncias por inconsistencias en la titulación de tierras del Chaco motivaron la convocatoria formal de la directora del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González, ante la comisión especial del Congreso paraguayo. La funcionaria fue citada para responder sobre presuntas anomalías detectadas en la documentación y adjudicación de unas 64.000 hectáreas en la Región Occidental.
El senador liberal Líder Amarilla confirmó que la titular de la dependencia registral acudirá el próximo jueves con expedientes relativos al caso. Según el legislador, la funcionaria ya reconoció de forma preliminar la existencia de superposiciones de títulos y documentos presuntamente fraguados en la zona.
Documentación sobre tierras del Chaco y títulos adulterados
La comisión bicameral recibió a representantes de la Asociación del Espíritu Santo del Chaco Paraguayo, entre ellos los abogados Francisco de Vargas y Olimpio Rojas. Los profesionales expusieron ante los legisladores un esquema de presunta adulteración documental y ocupaciones irregulares en propiedades del departamento chaqueño.
El senador Amarilla señaló que las denuncias apuntan a presuntas complicidades dentro de los registros públicos del Estado paraguayo. Por esta razón, el equipo parlamentario busca acceder a los antecedentes registrales completos para individualizar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
El plazo establecido para esta comisión especial de investigación es de seis meses. Durante este tiempo, los congresistas solicitarán informes a diversos organismos y remitirán los elementos sospechosos al Ministerio Público para que determine posibles hechos punibles.
Reclamo por presunto despojo de 312.000 hectáreas
En la misma audiencia se presentó Michelle Byun, representante de la organización conocida como Moon, quien denunció el presunto despojo irregular de 312.000 hectáreas de tierras del Chaco mediante un litigio judicial. De acuerdo con su testimonio, las resoluciones judiciales habrían ignorado las disposiciones vigentes en la Ley de Seguridad Fronteriza.
Por su parte, el abogado Francisco de Vargas indicó que detrás de las transferencias denunciadas operarían cuatro supuestas firmas de maletín constituidas en paraísos fiscales como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Según la acusación, estas sociedades tendrían un titular único extranjero y carecerían de registro impositivo regular en Paraguay.
La organización afectada afirmó que ya recurrió sin éxito ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Los denunciantes manifestaron alarma debido a que continúan celebrándose cesiones de derechos y compraventas sobre las áreas en conflicto.
Ampliación de pesquisas hacia el IPS y el Indi
El ámbito de control parlamentario no se limitará al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Las investigaciones incorporarán antecedentes de inmuebles pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS) y áreas ancestrales custodiadas por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
Para avanzar con el cruce de datos, los legisladores requirieron informes oficiales a la Corte Suprema de Justicia y a las direcciones del RUN. Con esta documentación se busca clarificar la situación jurídica real de miles de hectáreas en litigio y transparentar las operaciones registrales en el país.
Datos clave
- La directora del RUN, Lourdes González, comparecerá ante el Congreso para informar sobre la presunta falsificación de títulos en unas 64.000 hectáreas chaqueñas.
- La organización Moon denunció el despojo judicial de 312.000 hectáreas y acusó la intermediación de presuntas empresas de fachada radicadas en el exterior.
- La comisión parlamentaria tiene un plazo de seis meses para consolidar los informes y remitir las denuncias correspondientes a la Fiscalía.
- Las averiguaciones incluirán fincas del IPS y del Indi para determinar el alcance total de las irregularidades registradas en la Región Occidental.
