Un tarifazo eléctrico Paraguay podría afectar a los usuarios residenciales y comercios si la Administración Nacional de Electricidad debe recurrir a fuentes más costosas para cubrir la demanda de las industrias electrointensivas. La advertencia fue lanzada por las plataformas ciudadanas Itaipú Causa Nacional e Itaipú también es soberanía mediante un análisis detallado del marco regulatorio vigente. La preocupación surge tras la reglamentación que fijó un esquema de costos para proyectos de alto uso energético en el país.
El documento alerta sobre los riesgos financieros que asumirá la empresa estatal y el impacto en las familias paraguayas. Según los colectivos, los contratos vigentes comprometen gran parte de la potencia hidroeléctrica disponible a precios reducidos.
Riesgos de un tarifazo eléctrico Paraguay y las decisiones de la ANDE
El foco del debate se centra en la Resolución P/N° 52552/2026 de la ANDE, emitida el pasado 21 de octubre. Esta disposición fijó un costo de USD 48,9 por megavatio hora para instalaciones de gran consumo energético. Además, contempló un ajuste condicionado a la devaluación de la divisa estadounidense y revisiones tarifarias únicamente si los costos medios de generación sufren un incremento mayor al 30%.
Las organizaciones señalaron que esta estructura de precios deja expuesta a la ANDE ante variaciones económicas adversas. Si la demanda de los centros de procesamiento de datos sobrepasa la producción disponible de las binacionales, la institución deberá comprar energía más costosa. Ese sobrecosto operativo terminará siendo trasladado directamente a las facturas de la población en general.
Otro punto cuestionado es el congelamiento de valores fijados en dólares por un lapso de 15 años. Entre 2016 y 2026, la divisa norteamericana registró una pérdida de valor acumulada del 39,6%, lo que representa una desvalorización anual cercana al 3,1%. Sin embargo, el cálculo de la entidad estatal contempla una tasa menor del 2,5%, lo que genera un desfasaje perjudicial para el erario público.
Tarifas preferenciales para sectores de bajo retorno social
Las agrupaciones sociales señalaron una profunda inequidad en la distribución del recurso energético nacional. Los proyectos vinculados a la inteligencia artificial, computación en la nube e infraestructura de datos reciben condiciones preferenciales de contratación. Sin embargo, estas actividades generan apenas 0,83 puestos de trabajo por cada megavatio contratado, según los datos expuestos por los analistas.
En contrapartida, las pequeñas y medianas empresas junto a las industrias tradicionales del país generan un promedio de 741 empleos por cada megavatio utilizado. Casos como el de Kuntur y Araico, ligados a la firma multinacional Crusoe, grafican esta disparidad. Los referentes de la campaña remarcaron que el Estado favorece a multinacionales de escaso impacto laboral.
Heriberto Caballero, representante de la campaña Itaipú también es soberanía, remarcó las carencias estructurales que vive la población paraguaya. El vocero enfatizó que la ciudadanía requiere oportunidades laborales dignas e inversión en comunidades rurales. Asimismo, lamentó que la riqueza limpia y renovable generada en la represa sea entregada sin asegurar beneficios sociales para los habitantes.
Por su parte, Ricardo Canese advirtió sobre la falta de límites claros para solicitar potencia eléctrica a la ANDE. El especialista sostuvo que la actual normativa es permisiva e irresponsable. Mencionó además que existen memorandos firmados con Taiwán por 1.000 megavatios y con la firma X8-Cloud por 250 megavatios adicionales.
Antecedentes regulatorios y el contexto energético en el país
El escenario actual es el resultado de una serie de decisiones gubernamentales sobre el sector eléctrico paraguayo. Previamente, el Poder Ejecutivo había promulgado los decretos 5306 y 5860, junto a sus complementarios 5307 y 5861 sobre tecnología Power to X. Dichas normativas buscaban reglamentar la comercialización directa de excedentes a industrias convergentes, aunque fueron derogadas en junio de 2026.
Pese a esa derogación previa, la nueva resolución de la estatal mantiene la posibilidad de otorgar bloques de potencia masivos. Diversos estudios técnicos prevén que, al ritmo actual de contratación, Paraguay agotará sus excedentes hidroeléctricos para el año 2030. La fecha podría adelantarse a 2028 si concurren factores hidrológicos desfavorables en la cuenca del río Paraná.
Si no se corrigen estas asimetrías, el agotamiento temprano de la energía barata terminará precipitando un tarifazo eléctrico Paraguay para los clientes domiciliarios. Las organizaciones concluyeron que el modelo de desarrollo debe priorizar la industrialización local, la creación de puestos de trabajo de calidad y la soberanía energética sustentable para el futuro del país.
Datos clave
- Organizaciones civiles advierten que la Resolución P/N° 52552/2026 de la ANDE beneficia a empresas electrointensivas en detrimento de los usuarios.
- Las industrias tecnológicas tan solo generan 0,83 empleos por megavatio, frente a los 741 puestos que aportan las pymes paraguayas.
- La tarifa fija en dólares por 15 años no contempla de manera adecuada la desvalorización acumulada de la divisa norteamericana.
- Paraguay podría agotar sus excedentes hidroeléctricos entre 2028 y 2030 debido al acelerado volumen de contratación concedido a centros de datos.
