El debate sobre la tarifa de la ANDE volvió a encenderse en el país tras las advertencias de diversas organizaciones civiles sobre los compromisos energéticos asumidos por el Gobierno con industrias tecnológicas avanzadas. Diversos colectivos ciudadanos sostienen que los contratos de suministro a largo plazo para centros de cómputo podrían trasladar sobrecostos millonarios a los usuarios residenciales en los próximos años.
Las agrupaciones Itaipú Causa Nacional e Itaipú también es soberanía/PPP cuestionaron la Resolución P/N.º 52.552/2026 emitida por la Administración Nacional de Electricidad. Mediante esta normativa, la institución estatal habilitó un esquema tarifario diferenciado para firmas electrointensivas de tecnología de punta, abarcando infraestructura de computación de alto rendimiento y proyectos de inteligencia artificial.
Un contrato cuestionado a quince años de plazo
El convenio rubricado con la firma Kuntur S.A., vinculada al consorcio Araico y asociada a la empresa estadounidense Crusoe, contempla un abastecimiento eléctrico extendido por quince años con una potencia que llegará progresivamente a 286 megavatios. La tarifa media inicial fijada para el nivel de 220 kilovoltios se estableció en 48,91 dólares por megavatio hora, mientras que la fase preliminar en 23 kilovoltios tendrá un costo de 56,39 dólares por megavatio hora.
Para las organizaciones denunciantes, estos valores resultan insuficientes para recuperar la totalidad de las erogaciones operativas del sistema eléctrico. Los técnicos civiles argumentan que el precio aprobado no contempla adecuadamente el transporte, el mantenimiento de redes ni las inversiones requeridas para instalar nueva generación cuando los excedentes hidroeléctricos actuales dejen de ser suficientes.
El impacto futuro en la tarifa de la ANDE
Frente a las críticas de la sociedad civil, las organizaciones aseguran que la tarifa de la ANDE técnica para estos usuarios debería rondar los 63,4 dólares por megavatio hora, o elevarse a 91,2 dólares si se incorporan las obras de infraestructura de expansión. Los analistas contrastan el valor concedido con los aproximadamente 50 dólares por megavatio hora que Paraguay percibe por ceder sus excedentes a Brasil.
Otro punto de fuerte controversia radica en la cláusula que exige una variación superior al 30 % en los costos medios de generación durante dos años consecutivos para habilitar una revisión tarifaria integral. Si los aumentos no alcanzan esa cifra, el esquema solo contempla reajustes anuales atados a indicadores de inflación de Estados Unidos con un piso del 2,5 % a partir de 2028, lo que según los denunciantes podría desfasarse de las necesidades reales de inversión del país.
La defensa oficial y el riesgo sobre el consumo nacional
Por su parte, el presidente de la entidad estatal, Miguel Báez, rechazó que el acuerdo resulte desfavorable para las arcas públicas. El titular de la empresa pública sostuvo que los valores vigentes fueron respaldados por estudios técnicos y que los contratos fueron redactados de forma rigurosa para blindar la estabilidad financiera de la institución.
No obstante, las estadísticas institucionales reflejan que el consumo nacional creció un 17,9 % en los primeros ocho meses de 2026 frente a igual ciclo de 2025. Las organizaciones advierten que, de acelerarse la demanda por la instalación masiva de infraestructura tecnológica, las reservas energéticas podrían agotarse hacia 2030 en lugar de llegar a 2040, obligando a generar energía más cara mediante fuentes térmicas o solares que terminarían encareciendo el costo del servicio para los hogares.
Datos clave
- Contrato tecnológico: La ANDE autorizó un suministro eléctrico por 15 años y hasta 286 MW a la empresa Kuntur S.A. para centros de procesamiento de datos.
- Precios fijados: El acuerdo contempla una tarifa inicial de USD 48,91 por MWh en 220 kV y USD 56,39 por MWh en 23 kV.
- Revisión limitada: Solo se habilitará una revisión integral si los costos medios de generación suben más del 30 % en un período de dos años.
- Plazo de reservas: Organizaciones civiles estiman que los excedentes hidroeléctricos paraguayos podrían agotarse hacia 2030 debido a la alta demanda.
