La creación de un ente regulador eléctrico con personería independiente resulta indispensable para garantizar reglas claras y captar capitales privados en Paraguay, según advirtió el especialista energético Victorio Oxilia durante un debate organizado por la Fundación Desarrollo en Democracia en Asunción.
El analista señaló que el esquema vigente deposita casi la totalidad de las potestades normativas en la Administración Nacional de Electricidad. Esta concentración de atribuciones provoca que la entidad estatal funcione como juez y parte dentro del mercado nacional, restando confianza a las compañías interesadas en financiar nuevos emprendimientos de generación limpia.
El doble rol de la empresa estatal en el mercado
Durante su exposición, Oxilia enfatizó que el régimen operativo actual concede a la empresa pública la definición de prácticamente todas las condiciones de funcionamiento del sistema. Esta circunstancia genera desconfianza en los inversores internacionales que analizan participar en el negocio energético paraguayo.
La normativa orientada a fomentar fuentes renovables necesita de un marco institucional donde quien fija las pautas no compita al mismo tiempo en la actividad comercial. Desde la perspectiva del experto, la ausencia de una separación tajante entre la regulación y la operación desalienta iniciativas privadas que resultarán claves para sostener la demanda nacional en los próximos años.
El sector productivo local requiere contar con garantías de suministro a largo plazo y tarifas previsibles. Por esta razón, la falta de certidumbre regulatoria puede transformarse en una traba para la radicación de industrias de gran escala en el territorio.
El debate sobre un ente regulador eléctrico autónomo
Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que un ente regulador eléctrico debe poseer una estructura exclusivamente técnica y operar sin subordinación a los agentes económicos involucrados. Su función primordial consistirá en vigilar la competencia leal, auditar contratos y asegurar la igualdad de condiciones entre actores públicos y privados.
Al abordar el relacionamiento futuro entre esta autoridad y la represa de Itaipú Binacional, Oxilia puntualizó que la administración estatal paraguaya ejerce la representación jurídica en la entidad compartida con Brasil. En consecuencia, la ley deberá obligar a remitir cualquier información técnica y financiera que la entidad fiscalizadora solicite para sus tareas de control.
El especialista subrayó que el acceso irrestricto a los registros resulta vital para impedir asimetrías de información. Cuando determinados datos permanecen restringidos a un solo actor, se producen distorsiones comerciales que perjudican la eficiencia global del mercado.
La experiencia de la reforma brasileña como referencia
Por su parte, el presidente de la organización anfitriona, Alberto Acosta Garbarino, remarcó la importancia de revisar la experiencia del país vecino para orientar los cambios normativos pendientes en Paraguay. La estructura que rige del otro lado de la frontera ofrece lecciones sobre cómo ordenar la toma de decisiones.
En ese contexto, el consultor João Carlos Mello explicó que Brasil inició su reestructuración energética a mediados de la década de 1990 para superar un déficit crónico de recursos económicos. Aquella transformación separó la administración partidaria de las políticas permanentes mediante tres pilares bien definidos: el ente regulador, el operador del sistema y el organismo de planificación.
Esta división institucional permitió al mercado brasileño expandir sus redes de transmisión y diversificar sus fuentes productivas de manera sostenida. El panel concluyó que Paraguay debe avanzar hacia un esquema análogo para modernizar su infraestructura y aprovechar su potencial hidroeléctrico.
Datos clave
- La propuesta central plantea constituir un ente técnico autónomo que defina las reglas tarifarias y de mercado sin la intervención de las firmas operadoras.
- La situación actual sitúa a la ANDE como juez y parte al controlar casi la totalidad de las decisiones normativas del sistema local.
- El antecedente regional corresponde a la reforma de Brasil en 1995, donde se crearon instituciones permanentes para planificar, operar y regular de forma separada.
- El flujo de datos hacia la nueva institución obligará a compartir documentación técnica sobre la hidroeléctrica binacional de Itaipú.
