Los sindicatos de Petropar remitieron un emplazamiento formal al titular de la petrolera estatal, William Wilka, otorgándole setenta y dos horas para remover a varios funcionarios vinculados a la administración anterior. La solicitud busca desvincular a personal de confianza de Eddie Jara, quien renunció a su cargo e ingresó a un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito. Los gremios advierten que, si las autoridades no cumplen este pedido, iniciarán medidas de fuerza que afectarán el abastecimiento de combustibles en todo el país.
El emplazamiento que presentaron los sindicatos de Petropar
El documento remitido a la presidencia cuenta con el respaldo conjunto de cinco gremios laborales que integran la empresa pública: Funppar, Sipropar, Sitratur, Sifopal y Sitrappal. En su nota, los trabajadores enfatizan que urge salvaguardar la transparencia y la institucionalidad para recomponer la credibilidad de Petróleos Paraguayos tras las recientes denuncias.
Pese a que el actual presidente interino formó parte de la estructura gerencial de la anterior gestión, las organizaciones gremiales decidieron acompañar su liderazgo debido a su foja de servicio dentro del cuadro permanente. No obstante, las agrupaciones dejaron en claro que este respaldo institucional está condicionado al apartamiento total de las figuras políticas instaladas durante el ciclo anterior.
Las protestas contempladas amenazan con paralizar de manera directa las labores productivas y la distribución en las instalaciones clave de Mauricio José Troche y Villa Elisa. La planta de Troche concentra la molienda de caña y destilación de alcohol para mezcla, mientras que la terminal de Villa Elisa funciona como el núcleo logístico de almacenaje y despacho de carburantes para la red nacional.
La lista de colaboradores cercanos bajo cuestionamiento
La nómina de personas señaladas por el Consejo Intersindical abarca a directores, gerentes, asesores y jefes departamentales que mantuvieron roles estratégicos. Entre los nombres observados figura Vannesa Irbas, directora comercial cuestionada por los acuerdos de cesión de bocas de expendio públicas a firmas del sector privado.
Asimismo, el listado incluye a Norma Caballero, directora de Comunicaciones, a quien atribuyen maniobras de bloqueo informativo frente a pedidos ciudadanos. En el área técnica y logística, el reclamo apunta a Héctor Salinas, titular de la Dirección Operativa de Contrataciones, Jazmín Caballero en Seguridad Industrial, y Rafael Eguiazu, encargado del área de Obras y Proyectos.
La nómina sindical agrega a Ana Karina Yaluk, Carlos Ayala en Contabilidad General y María Teresa González en la jefatura de Comunicación. En el segmento comercial también solicitan la salida de Farah Aguirre, Francisco Torres, Raúl Hermosilla, Cristel Gallas, Cinthia López, Juan Francisco López, Sobeida Segovia y Carolina Ayala. Para los sindicatos de Petropar, la permanencia de este grupo afecta la moral colectiva de los funcionarios de carrera.
El trasfondo tras la salida y proceso contra Eddie Jara
La salida del anterior presidente se produjo en medio de fuertes cuestionamientos sobre contrataciones públicas y procesos fallidos para la compra de combustible diésel. Empresas como AP SA, Doha Holding Group y Evolution Group protagonizaron licitaciones frustradas que concluyeron sin el arribo de las cargas acordadas, a pesar de las prórrogas que les concedió la institución.
A estas irregularidades se sumaron adjudicaciones a proveedores con perfiles dudosos, como un servicio de limpieza adjudicado a un negocio que operaba como fotocopiadora y copetín por cifras millonarias. De manera simultánea, la Contraloría General de la República detectó notorias diferencias en la correspondencia patrimonial del exadministrador estatal.
El informe del organismo contralor reveló transferencias bancarias de cuentas institucionales a cuentas personales, depósitos millonarios en efectivo sin sustento documentario y supuestas deudas a cobrar ligadas a operadores de servicentros. Frente a este panorama, los sindicatos de Petropar reclaman una depuración profunda que impida que personas sindicadas como leales a dicha etapa continúen tomando determinaciones en la empresa pública.
Datos clave
- Plazo de 72 horas: Los sindicatos de la petrolera exigen la remoción inmediata de 16 directores y asesores vinculados a la anterior administración.
- Riesgo operativo: Las plantas de Villa Elisa y Mauricio José Troche podrían detener sus actividades si no se cumple con la renovación solicitada.
- Causa penal: La petición surge luego de la imputación a Eddie Jara por supuesto enriquecimiento ilícito tras auditorías de la Contraloría General de la República.
- Postura gremial: Cinco sindicatos respaldan la trayectoria técnica de William Wilka, pero condicionan su apoyo a la depuración de cargos de confianza.
