Una investigación basada en informes comunales reveló que los sindicatos de Asunción administraron más de 31.413 millones de guaraníes entre enero de 2025 y junio de 2026. La cifra salió a la luz tras una serie de reclamos impulsados por miembros de la Junta Municipal de Asunción, quienes denunciaron supuestos esquemas irregulares y retenciones directas en las remuneraciones del personal comunal. La situación motivó un pedido unánime de informes a la Intendencia de la capital paraguaya.
Fondos transferidos y concentración de recursos en la Comuna
Los registros institucionales, ratificados por integrantes del Gabinete del intendente Luis Bello, exponen que las tres principales nucleaciones laborales sumaron ingresos equivalentes a unos 5,4 millones de dólares en el lapso de un año y medio. Estos recursos proceden de las cuentas administradas por el gobierno municipal y evidencian la considerable incidencia financiera que mantienen estas agrupaciones en el funcionamiento institucional.
La distribución de los montos evidencia una marcada disparidad entre las organizaciones. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción concentró el 86 por ciento del total, alcanzando 27.242 millones de guaraníes, cifra cercana a los 4,7 millones de dólares. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción percibió 3.437 millones de guaraníes, mientras que el Sindicato Municipal de Trabajadores ingresó 733 millones de guaraníes.
La denuncia de usura contra los sindicatos de Asunción
El debate estalló en el pleno legislativo comunal tras la intervención del concejal Álvaro Grau. El edil opositor sostuvo que las cúpulas que dirigen los sindicatos de Asunción sostienen presuntos mecanismos de usura como su principal sustento financiero, valiéndose de descuentos compulsivos sobre los salarios de los empleados en actividad. Según sus estimaciones, estas deducciones generarían un movimiento aproximado de 6.000 millones de guaraníes cada mes.
Grau apuntó de forma directa contra los dirigentes gremiales Julio Fernández y Alberto Gaona por presuntas prácticas de apriete e intimidación. El legislador relató que fue rodeado por un grupo de manifestantes en las instalaciones comunales, con el propósito de forzar la aprobación del contrato colectivo laboral antes de la asunción de la intendenta electa Soledad Núñez. Ante estos hechos, la Junta aprobó una solicitud para relevar las transferencias de los últimos 24 meses y remitir los antecedentes al Ministerio Público.
El descargo de los dirigentes ante las sospechas de cobros ilegales
Frente a las acusaciones de usura, los sindicatos de Asunción aseguraron que no otorgan préstamos ni cuentan con capital para dicha actividad. Julio Fernández, representante de Sinoema, argumentó que la organización solo actúa como gestora de cobro frente a firmas comerciales que prestan servicios al plantel municipal. Aseguró que cada descuento cuenta con la autorización previa del dependiente y señaló que perciben cerca de 60 millones de guaraníes mensuales sumando las cuotas sociales de 1.800 afiliados y las comisiones mercantiles.
En un sentido similar, el secretario general de Sitrama, Alberto Gaona, rechazó tajantemente las acusaciones formuladas por los ediles. Explicó que el sindicato nuclea a 2.500 asociados y mantiene convenios con negocios de electrodomésticos y servicios fúnebres, a los que se transfieren mensualmente unos 100 millones de guaraníes. Detalló que las cuotas sociales van del 0,75 al 1 por ciento del salario y que perciben un ingreso por gestión de cobro que oscila entre 3 y 5 millones de guaraníes por mes.
Datos clave
- Monto total auditado: los tres gremios principales acumularon transferencias por 31.413 millones de guaraníes entre enero de 2025 y junio de 2026.
- Distribución de fondos: Sinoema concentró el 86 por ciento del dinero desembolsado, superando los 27.200 millones de guaraníes.
- Acción judicial prevista: la Junta Municipal solicitará las planillas de los últimos dos años para remitirlas a la Fiscalía de Delitos Económicos.
- Postura gremial: los secretarios sindicales niegan esquemas de usura y afirman que solo intermedian en cobros previamente autorizados.
