Las autoridades del Ministerio Público avanzan en la causa abierta por la fuga en Martín Mendoza con una constitución en la sede central del Ministerio de Justicia, ubicada en Asunción. La comitiva fiscal incautó documentaciones administrativas e imágenes del sistema de circuito cerrado del recinto penitenciario. La pesquisa busca determinar si existió complicidad jerárquica para permitir el escape de dos peligrosos reclusos y el ocultamiento deliberado de evidencias.
Incautación de registros y sospechas en los traslados
La agente fiscal Fabiola Sosa, integrante del equipo investigador coordinado por Alma Zayas, encabezó el procedimiento en las oficinas de las avenidas Estados Unidos y Rodríguez de Francia. Durante la intervención, los intervinientes retiraron expedientes vinculados a los internos fugados y legajos de otros ocho reclusos ubicados en el pabellón siete alta. El Ministerio Público indaga si este bloque específico contaba con habilitación legal para albergar internos bajo régimen de máxima seguridad.
La comitiva también aseguró grabaciones correspondientes a las fechas críticas para contrastarlas con las declaraciones de los guardiacárceles. Los investigadores verifican si se respetaron los protocolos de asignación de celdas o si existieron irregularidades administrativas promovidas desde la administración central. Las sospechas apuntan a que varios internos gozaban de beneficios indebidos antes del hecho.
Imputaciones y presiones internas tras la fuga en Martín Mendoza
La gravedad del caso motivó la imputación y detención del exdirector del establecimiento, Pablo Abel González Apuril, junto con Aldo Agustín Galeano Ibarra y Mario Cristaldo, exjefe y exsubjefe de seguridad. Asimismo, la Fiscalía procesó al subcomisario Derlis Cáceres, quien se desempeñaba como coordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria. El uniformado afronta cargos por presunta frustración de la persecución y ejecución penal.
De acuerdo con los testimonios obtenidos por la Fiscalía, Cáceres habría impartido directivas telefónicas a los agentes penitenciarios para que hicieran desaparecer teléfonos celulares de las celdas antes de la llegada de la comitiva judicial. Cuatro guardias subalternos, identificados como Pedro Antonio Balbuena Gayoso, Leandro David Guzmán Maidana, Héctor Enrique Ozuna Giménez y Carlos Martín Agüero Cáceres, recuperaron su libertad tras declarar que respondían a instrucciones superiores directas.
El impacto político y administrativo generado por la fuga en Martín Mendoza derivó además en la renuncia del viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, y la destitución del director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña.
Perfil de los prófugos y hallazgo de beneficios indebidos
Los internos que lograron vulnerar el perímetro de seguridad son Ever Alejandro Ozuna y Ricardo Arsenio Merlo. Según las autoridades judiciales, Ozuna cuenta con condenas por homicidio doloso, narcotráfico y secuestro, además de una causa abierta por el presunto asesinato de un personal policial retirado. Hasta el momento no existen confirmaciones periciales sobre supuestos sobornos pagados al personal de guardia, aunque la investigación mantiene abiertas varias líneas de pesquisa financiera.
Durante las inspecciones realizadas en el presidio, la Fiscalía detectó comodidades no reglamentarias en el módulo donde permanecían ocho reclusos procesados por narcotráfico, entre ellos Alexandre Rodrigues Gomes y José Alberto Insfrán Galeano. Los aparatos tecnológicos, sistemas de ventilación y mosquiteros hallados contradicen las normativas penitenciarias estrictas. Las autoridades buscan corroborar si la red de privilegios facilitó las condiciones para el escape.
Datos clave
- Constitución ministerial: La fiscala Fabiola Sosa incautó expedientes y grabaciones de circuito cerrado en la sede central del Ministerio de Justicia en Asunción.
- Jefaturas procesadas: El exdirector del penal Pablo Abel González Apuril y el subcomisario Derlis Cáceres fueron detenidos e imputados en la causa penal.
- Desaparición de evidencias: Testimonios revelan que se ordenó ocultar teléfonos celulares antes de la llegada de los fiscales a la penitenciaría.
- Presos de alta peligrosidad: La búsqueda se concentra en recapturar a Ever Alejandro Ozuna y Ricardo Arsenio Merlo, prófugos de la justicia.
